El viceministro de Minas, Jaime Chávez Riva, pidió al Congreso de la República recortar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) aprobada hasta el 31 de diciembre del 2024.
El Reinfo funciona como un padrón. No es una certificación de la formalización del trabajo minero y permite que, mientras se continúe con este proceso, el pequeño minero continúe extrayendo mineral sin cumplir con la normativa y que sea protegido ante la intervención de las autoridades.
“No hay que seguir postergando este asunto. En este país las normas provisionales se convierten en eternas”, dijo.
No adelantó si el gobierno presentará un proyecto de ley que busque recortar este plazo, en cambio insistió que la solución de este problema está en manos del Parlamento.
“La vigencia (del Reinfo) está dada por ley. Como gobierno no se puede hacer mucho. Confiamos que el Congreso opere sabiamente. Hay varios proyectos que buscan resolver este problema. Hay otras opciones. Creo que el propio Congreso está al tanto de lo que pide la ciudadanía”, indicó.
Si se recorta la vigencia del Reinfo entonces, dijo el viceministro, el Ministerio Público y la Policía tendría capacidad para intervenir y contribuir a reducir la minería ilegal en el país.
Rápida inscripción
El viceministro participó en el panel “Panorama y desafíos para afrontar la minería ilegal e informal” en PERUMIN 36 y no fue el único que criticó la vigencia del Reinfo.
El ex gobernador regional de la Libertad, Manuel Llempén, contó que en una reunión sostenida con autoridades de su departamento, cuando todavía ejercía como autoridad, se registraron con mucha facilidad y en solo ocho minutos en el Reinfo. Este hallazgo demuestra que cualquier ciudadano puede inscribirse sin ser fiscalizado.
“La minería ilegal encubre un conflicto peligroso que puede hacer mucho daño a la institucionalidad democrática del país (…) Hay que actuar rápido. Es urgente actuar de la mejor manera”, señaló.
Premiar buenas prácticas
Finalmente, la ex premier y directora del Proyecto Prevenir de USAID, Violeta Bermúdez Valdivia, consideró que el tratamiento de un minero ilegal con uno formal tiene que ser distinto, de tal manera que se premie las buenas prácticas con, por ejemplo, asistencia técnica para el uso de tecnologías limpias y comercialización del producto. Consideró también que no sirve de mucho cambiar las normas cuando continúan las mismas prácticas.