La minería en el Perú tiene gran relevancia no solo por el potencial de producción y crecimiento del sector, si no, además, por sus fuertes vínculos con otros sectores productivos y su significativa contribución a la dinámica económica del país. Sin embargo, el desarrollo de todo ese potencial se ha visto limitado por varios aspectos, destacando entre ellos la creciente conflictividad social y la complejidad regulatoria, los cuales han retrasado la ejecución de proyectos y causado interrupciones en las operaciones.
Estos obstáculos han originado pérdidas sustanciales al país. Para dimensionar esta situación, el Instituto Peruano de Economía (IPE), realizó el estudio denominado “¿Qué estamos perdiendo como país? El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería”, por encargo de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía.
El costo de no ejecutar los proyectos mineros
En la última cartera de inversión minera 2023 del Ministerio de Energía y Minas se identificaron 23 proyectos mineros retrasados por razones ajenas a la voluntad de las empresas, tales como tramitología o conflictos sociales, con un monto de inversión global de US$ 29,667 millones.
De acuerdo con las estimaciones realizadas, las pérdidas por no ejecutar estos proyectos, en términos de PBI, ascendieron a S/ 698,296 millones, cifra que considera la inversión que no llegó a ejecutarse y la producción que no se logró obtener.
En consecuencia, entre el 2008 y el 2022, se dejaron de recaudar S/ 122,689 millones en ingresos fiscales. Y se dejaron de generar más de 500,000 empleos adicionales en la etapa de producción; mientras que, en la fase de inversión, esta cifra ascendería a 125,000 empleos.
Con estos resultados, el IPE estima que el crecimiento promedio anual del PBI durante el periodo 2008-2022 pudo haber sido 4.7%, en lugar del 3.9% observado.
El costo de la conflictividad social
Entre el 2021 y el primer trimestre del 2023, se paralizaron 11 de las principales unidades mineras en ocho regiones del país. Esta conflictividad social generó una menor producción minera que afectó el PBI en alrededor de S/ 6,991 millones.
Casi el 80% de este valor se explica por una menor producción, principalmente de cobre, en las regiones Apurímac (Las Bambas), Cusco (Constancia y Antapaccay), Áncash (Antamina) y Moquegua (Cuajone).
Con ello, el PBI minero en el 2021 creció 10.5%, en lugar de la cifra potencial de 12.9% y, peor aún, para el 2022 la minería podría haber crecido 2.8%, en lugar de caer en 0.1%.
Se estima, además, que la recaudación fiscal perdida por los conflictos sociales ascendió a S/ 1,791 millones, el 5.2% del monto recaudado en el sector minero entre enero del 2021 y el primer trimestre del 2023. Asimismo, se perdieron 156,380 empleos en ese mismo periodo.
El costo de las trabas burocráticas
El IPE identificó como los principales procedimientos administrativos que representan demoras regulatorias aquellos vinculados a los instrumentos de gestión ambiental y al proceso de consulta previa durante la etapa de inversión y preparación de los proyectos.
Así, los plazos efectivos de cumplimiento de los estudios de impacto ambiental detallados se extienden a alrededor de 36 meses, cinco veces más de lo que indican las normas.
A ello se suman las dilaciones durante el proceso de consulta previa, el cual no está a cargo de las empresas mineras, y que puede tomar hasta 12 meses, tres veces el plazo legal de cuatro meses.
En una estimación conservadora, los retrasos en los procedimientos administrativos pueden prolongarse por un periodo de hasta 6 o 7 años, más del doble de lo que deberían durar (2 o 3 años).
Así, considerando un retraso de cuatro años en un proyecto minero representativo las pérdidas en el PBI podrían ascender a S/ 12,044 millones por la inversión no ejecutada y la producción no extraída.
Asimismo, en la etapa de inversión, se dejarían de generar 8,500 empleos cada año; y en etapa de producción, 7,400; mientras que el Estado dejaría de percibir S/ 2,066 millones en recursos fiscales.
El análisis realizado y sus resultados, apunta el documento, ponen en evidencia las significativas pérdidas que generan los conflictos sociales y la tramitología que enfrenta el sector minero, que, a su vez, motivan un menor crecimiento del país y limitan el bienestar de la población, además de dañar significativamente la competitividad del Perú como destino de inversión minera.
Por ello, el reto del país se constituye en revertir dicho deterioro en la competitividad en función de los factores analizados.
