El mensaje presidencial del 28 de julio trajo varias curiosidades consigo. No solo fue el más extenso del siglo, sino que tuvo menciones especiales sobre el sector eléctrico en cuanto a proyectos ejecutados e inversiones en marcha. El protagonismo del sector privado en estas obras es clave, pero también el de ProInversión, en su rol de agencia promotora de las inversiones, en especial a las que atañen al Plan de Transmisión, importante herramienta de planificación del sector.
Discurso y claves
La presidenta Dina Boluarte, puntualmente, habló de tres proyectos en marcha. El primero de ellos es el proyecto de “Puesta en operación de la Línea de Transmisión 220 Kv Tintaya-Azángaro”, que desde enero pasado está en marcha, con una inversión de US$ 21 millones, beneficiando a las regiones Cusco y Puno y reforzando el transporte de energía eléctrica en el sureste del país, desde las centrales hidroeléctricas de San Gabán y el Ángel, ambas en Puno. Además, Boluarte comentó que, desde el 2 de mayo pasado, se están ejecutando los proyectos “Enlace 220 Kv Ica-Poroma” y “Enlace 220 Kv Cáclic-Jaén Norte”, con una inversión de US$ 73 millones, para atender la demanda de energía eléctrica en Ica, Amazonas y Cajamarca.
Sin embargo, también se dio tiempo para comentar sobre otras obras de infraestructura que se realizarán en el interior, como la licitación que hará ProInversión de los proyectos del Plan de Transmisión 2023-2032, destacando los enlaces de 500 Kv Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo y el enlace Celendín-Piura.
¿Por qué estas menciones? Cristian Remolina, gerente general de la empresa de transmisión ISA-REP, ensaya una idea. “El sector energía es clave para impulsar el desarrollo de quienes necesitan acceder a un servicio confiable, eficiente y de calidad para poder realizar sus actividades diarias y productivas. Además, las redes de transmisión desempeñan un papel crucial en la transición energética, al permitir la integración eficiente de fuentes de energía, [como] las fuentes de energía renovable disponibles en el Perú. Su crecimiento, desarrollo y modernización son fundamentales para lograr una infraestructura energética sostenible y robusta, que pueda hacer frente a los efectos del cambio climático”, afirma el ejecutivo.
Por su parte, Jaime Mendoza, consultor y expresidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), señala que “el sector eléctrico tiene una importancia estratégica y significativa para el desarrollo económico y social del país, debido a que promueve nuevas inversiones y fomenta la creación de empleos”. Además, coincide con Remolina en su impacto en la transición energética en la que está inmerso el planeta. “El proceso de transición energética requiere de inversiones en energías limpias (eólica, solar, biomasa y geotérmica, entre otras), que existen en abundancia en el país y que requieren de una infraestructura de transmisión robusta y confiable para soportar el crecimiento de la demanda en las diversas regiones del Perú”, vislumbra.
Asimismo, Mendoza ensaya la lógica detrás de la mención a los proyectos de transmisión. “Estos apoyan al proceso de descentralización, dado que beneficiarán a las familias y actividades productivas de varias regiones del país, como Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, San Martín y Piura”, comenta. Así, la presidenta Boluarte evidenciaba que Lima no es el Perú y que las inversiones más importantes están principalmente en el interior del país.
Retos de la expansión
Sin embargo, estas inversiones no están exentas de desafíos. César Butrón, presidente del Comité de Operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (COES), afirma que las próximas inversiones apuntan a fortalecer aún más las regiones (ver entrevista en esta edición).
Así que un primer reto es, definitivamente, la desafiante geografía del país. “La variedad de las zonas geográficas en las rutas puede afectar las características del diseño de las líneas, así como también los caminos de acceso en ciertas áreas rurales pueden requerir de tratamientos especiales por la diversidad del tipo de terrenos”, afirma Mendoza.
El experto también cree que el aspecto financiero de estos proyectos debe ser evaluado en detalle, pues tiene relación con el costo de los terrenos a intervenir y con las demoras que puede causar la “tramitología” —particularmente, por el cumplimiento de las regulaciones ambientales y de seguridad— y la conflictividad social. “Las movilizaciones sociales con fines políticos muchas veces paralizan la ejecución de las obras; por otro lado, la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios cuyos territorios son atravesados por líneas de alta tensión puede constituirse en una barrera para la ejecución de los proyectos adjudicados”, asegura.
Sistema, marco regulatorio y retrasos
Remolina incide también en otro aspecto crucial: las características que se desean para el sistema que transporta la energía en todo el país. “El principal reto de la transmisión hoy es volverse un sistema inteligente, flexible y mantener la confiabilidad y la resiliencia”, explica. Ello, porque “con el ingreso de las energías renovables y una economía que usa cada vez más la electricidad con vehículos eléctricos o una participación más activa de los consumidores, los flujos de potencia pueden ser bidireccionales y las líneas pueden llegar a operar al límite de su capacidad. La red de transmisión debe tener el tamaño apropiado y, además, estar preparada para soportar estas exigencias a través del uso de nuevas tecnologías”.
Así, surge también el reto de modernizar el marco regulatorio del sector, algo en lo que coincide con el presidente del COES. “[Ello] para la inserción de nuevas tecnologías, como el almacenamiento de energía mediante baterías como soluciones de redes, y que se dé apertura a la participación de todos los agentes para brindar servicios de flexibilidad”, dice el ejecutivo de ISA-REP.
Para los tres entrevistados de este informe, es crucial, además, el cumplimiento de los plazos del Plan de Transmisión. “El retraso de los proyectos puede impedir que se conecten nuevas fuentes de energía o provocar que, ante contingencias, se produzcan desbalances en la red existente y provocar su desconexión y, como consecuencia, generar apagones parciales y/o totales en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)”, afirma Remolina. Y nadie quiere que eso ocurra. Butrón fue incluso más enfático en esto: “El problema es que se están presentando retrasos muy grandes, inaceptables, entre el momento en que el Plan [de Transmisión] es aprobado por el MINEM, que es licitado y tiene la buena pro en ProInversión”. Para el máximo directivo del COES hay retrasos que llegan a tres años, “y no hay plan que resista [eso]. Este es un tema fundamental”, argumenta.
Lo que viene
Sin embargo, ProInversión ha avanzado con algunos proyectos pendientes en el transporte de energía a nivel nacional. Hace unas semanas, adjudicó la construcción del enlace de interconexión con Ecuador, la línea de transmisión de 500 kV “Subestación Piura Nueva-Frontera”.
“Los enlaces de interconexión con países vecinos, como el proyecto de interconexión con Ecuador, promueven la integración energética regional, además de ayudar a mejorar la estabilidad de los sistemas eléctricos y la seguridad energética, al posibilitar el intercambio de energía en momentos de demanda alta o baja, más aún si existe complementariedad hidrológica como es el caso de Perú y Ecuador”, comenta Mendoza. Cuando es avenida (época de lluvias) en Ecuador es estiaje en el Perú y viceversa. “Ello nos permite exportar energía cuando existe suficiencia de generación hidroeléctrica e importarla cuando somos deficitarios”, agrega el consultor.
Pero entre este y el próximo año ProInversión alista más licitaciones. Todas ellos con inversiones descentralizadas. “ProInversión prevé adjudicar 28 proyectos de líneas de transmisión eléctrica y subestaciones por un monto superior a los US$ 2,000 millones en el periodo 2023-2024, fortaleciendo el SEIN”, comentan en los predios de la agencia de promoción de la inversión. En lo que resta del 2023 se adjudicarían 10 proyectos con inversiones previstas por US$ 1,200 millones en beneficio de más de 10 millones de peruanos, estiman. Mientras que para el 2024 cuentan con una cartera de 18 proyectos de líneas de transmisión eléctrica y subestaciones, cuyas licitaciones están agrupadas en cuatro procesos, por un monto total de US$ 900 millones. “Se trata de los proyectos que el Ministerio de Energía y Minas encargó a ProInversión en febrero pasado en el marco del Plan de Transmisión 2023-2032”.
La oportunidad de que más inversión privada continúe potenciando el sector eléctrico sigue latente.