El flamante presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) reflexiona sobre las oportunidades del sector minero energético para promover las inversiones, así como los retos a los que se deberá enfrentar para impactar en el desarrollo en sus zonas de influencia.
¿Cómo describiría el panorama actual del sector minero energético?
A lo largo de los últimos años, el Perú ha adquirido una dimensión importante en la industria global minera; en producción de cobre, plata, estaño, oro, por decir los más destacados. Pero, por otro lado, si uno mira las zonas alto andinas y las zonas urbanas, se da cuenta de que es un país con disparidades. Por eso, el desafío por delante es incorporar la planificación del territorio con la participación de la población de manera organizada, porque —lo que hemos visto en los últimos 20 años— es que no ha bastado con transferir fondos de impuestos —llámese canon minero o regalías— a los territorios, si no hemos desarrollado capacidades para que tengamos una gestión pública de esos fondos eficaz y eficiente.
¿Qué mecanismos se deberían emplear o reforzar para hacer más eficiente la inversión del canon y regalías mineras?
Queremos acercarnos a las autoridades para que el compromiso del cierre de brechas sociales se vuelva tangible. Nosotros como industria minera, petrolera o energética nos hemos desarrollado en puntos remotos y, por lo tanto, hemos desarrollado la capacidad de llevar logística, insumos, personas, equipamientos, a esos territorios para desarrollar proyectos. Todas esas capacidades nos han permitido tener una mirada de largo plazo y hacer grandes inversiones en esos territorios remotos. Esas capacidades, esa forma de planificar, de priorizar y de ejecutar proyectos de manera sincronizada para traer una propuesta de valor; tenemos que compartirla y transferirla a la gestión pública a nivel regional, provincial y distrital. Tenemos que seguir sumando esfuerzos para contribuir a planificar el territorio. Dejemos los caudillos, sumemos estadistas y comencemos a construir una ciudadanía más informada, más exigente con sus autoridades. Tenemos que acompañar a las autoridades a través de mesas de diálogo para construir planes de desarrollo territorial que se basen en las potencialidades, las necesidades y las demandas de la población y sus territorios. Esa es una tarea que nos queda por delante.
La conflictividad minera ha sido el talón de Aquiles del sector minero energético. ¿Cómo evalúa este problema?
El Perú, en las últimas tres décadas, ha recorrido un camino positivo. No solo ha traído inversión privada nacional y extranjera, sino que ha logrado también ser muy disciplinado en términos macroeconómicos y fiscales. Pero tenemos que brindarle bienestar a la población. La conflictividad, en gran parte, se explica por la insatisfacción, por la disparidad entre una actividad minera, que es de alta productividad, insertada en un territorio con economías emergentes que no logran insertarse en los mercados y, por ende, la brecha de productividad es muy marcada. Esa disparidad genera conflicto. Ahora, si uno mira las propuestas políticas, estas tienden a resolver con más impuestos, pero más impuestos es menos competitividad para el negocio minero que queremos promover. El problema del Perú no es más dinero, sino mayor calidad de gestión pública. Por eso, el perfil de la autoridad política en el futuro tiene que ser capaz de planificar, priorizar y obviamente consensuar.
Si bien el Perú cuenta con una cartera de proyectos de US$ 53 mil millones, después de Quellaveco no hay ningún proyecto de esa magnitud. ¿Cuánto de esta cartera podría ser viable en el corto plazo?
La industria minera es intensiva en capital, por lo que, para mantener los niveles de producción, el foco debería estar en las oportunidades de extensión de vida, es decir, de ampliación de operaciones en el portafolio existente, lo que se conoce como inversiones brownfield. La inyección en inversión y, por lo tanto, en empleo, puede ser muy significativa. Esto supone la coordinación con las empresas privadas, pero también al interior del gobierno, porque, hoy en día, todo lo que son permisos y aprobaciones está segmentado en un conjunto muy amplio de autoridades. Esto requiere también un poder ejecutivo que logre coordinar sin bajar los estándares y, para ello, se requiere de liderazgo político.
Las inversiones en exploración minera en los últimos años han venido descendiendo, ¿corre el riesgo el Perú de perder su potencial de reservas mineras?
La competitividad de la industria no depende solo de inversiones y de nuevos proyectos, sino de inversiones en exploración. Pero, para impulsar la competitividad, necesitamos una autoridad mucho más comunicativa, que explique el impacto ambiental de una exploración. En una exploración se perfora, se hacen accesos y, por lo tanto, los permisos ambientales no pueden ser equivalentes a construir una mina, o un botadero, o un depósito de relaves. Tiene que reconocerse a través de las autoridades que es una inversión de alto riesgo y que las probabilidades de que pase a la fase de explotación son bajas. Las estadísticas señalan que de 100 proyectos de exploración uno se convierte en mina. Entonces, tenemos que promover ese capital de riesgo más ágilmente, pero, a su vez, comunicarlo para que el propietario de los terrenos, por lo general comunidades campesinas, tenga expectativas acordes con esta realidad.
¿Qué medidas se deberían tomar para incentivar las inversiones en hidrocarburos?
Necesitamos que la autoridad entienda el capital de riesgo asociado a una exploración. El Perú tiene una potencial de hidrocarburos líquidos pesados, por lo que, de base, tenemos una competitividad menor. La forma de atraer capitales de riesgo para explorar tiene que considerar esa variable. Por otro lado, se tiene que respetar el Estado de derecho. Las discrepancias no se pueden resolver con violencia y en los últimos años hemos tenido varios atentados contra el Oleoducto, contra la operación, pero también contra la inversión, la población y el ambiente. Es algo que no puede volver a suceder. Hay mecanismos de diálogo y espacios formales para resolver las discrepancias. Por el lado positivo, tenemos una refinería con las capacidades —hay muy pocas en el mundo— para procesar, refinar y lograr combustible comercial de calidad a partir de una materia prima que no es la óptima. Eso es algo que hay que aprovechar.
En el sector eléctrico ¿qué acciones se deberían impulsar para que existan las condiciones necesarias para atraer inversión y garantizar un servicio adecuado?
El propio Estado reconoce que la energía es una infraestructura que brinda un servicio público, que es de todos. Pero una inversión, como líneas de transmisión, por ejemplo, la sometemos al camino largo y tortuoso de la consulta previa. La consulta previa es la decisión de un Estado de consultar de manera no vinculante con los pueblos originarios, cualquier decisión administrativa, ya sea en minería, hidrocarburos o energía. Ahora, no podemos poner en el mismo saco una inversión necesaria para dotar al país de un servicio público de calidad, a una inversión minera. Si no lo agilizamos, estamos perdiendo. Por otro lado, debemos tener cuidado con que, vía subsidios cruzados, una industria pague el costo de un servicio público. Los subsidios cruzados pueden ser perniciosos porque le restan competitividad al negocio.
¿Cómo el Perú debe aprovechar el proceso de transición energética para poner en valor sus recursos?
En el entorno mundial se están haciendo esfuerzos sostenidos en promover el uso de combustibles fósiles, esto implica la electrificación de muchas actividades y nosotros tenemos la capacidad de proveer el metal clave para el cambio energético, el cobre. Pero, a la vez, somos una industria que intrínsecamente consume una cifra importante de combustibles fósiles. Sin embargo, creo que la industria de grandes dimensiones —en el Perú y a nivel global— se está preparando para liderar el proceso de cambio tecnológico para que algunas funciones, como el movimiento de tierras, rutinario, de grandes volúmenes, se puedan hacer con equipos eléctricos.
Se habla de adelanto de elecciones. ¿Cómo va a repercutir en el flujo de inversión hacia el sector minero energético?
Si nos vamos a sentar a dialogar, el primer punto de la agenda no puede ser si la elección es en octubre o en diciembre, o si se va uno o se va el otro. Si creemos que cambiando un Congreso o la Presidencia el tema se va a resolver de la noche a la mañana, estamos cerrados. Por eso, tengo la impresión de que nos estamos abocando todos a resolver el problema equivocado. Si hacemos todos una reflexión fría, ¿cuál es el tema que hay que resolver? Cómo lograr que nadie se quede atrás, y para lograr un país donde todos los peruanos tengan igualdad de oportunidades hay que tener educación, salud, e infraestructura pública —carreteras, aeropuertos, energía— de calidad, y eso se va a dar vía un ambiente de inversión, vía un ambiente de armonía, que se vuelve un círculo virtuoso que genera más empleo y más oportunidades.
¿Qué representa para usted asumir el cargo más importante de la SNMPE?
Para mí es un honor y a la vez una forma personal de darle gracias a toda la industria minera del Perú. Tengo 35 años en la industria y he tenido oportunidad de conocer toda la gama de operaciones mineras; desde vetas angostas de decena centímetros, como es el caso de Julcani; minas muy profundas, a más de 1,200 metros, como El Porvenir; operaciones muy mecanizadas y de gran volumen, como Cerro Lindo; y también operaciones a tajo abierto de la dimensión de Yanacocha, Cerro Verde y ahora Antamina.
En suma estoy profundamente muy agradecido por las oportunidades que esta industria me ha brindado.