El aporte de las empresas minero energéticas formales ha sido evidente en temas de salud pública, educación, transporte, agua y saneamiento. Además, hay otros ámbitos que representan también una oportunidad para el involucramiento del sector. La seguridad ciudadana es uno de ellos.
Una reciente encuesta de opinión pública de Datum, que recogía la percepción de la población, reportaba que —a inicios de noviembre— la inseguridad ciudadana y la delincuencia se encontraban en el tercer lugar (13%) entre los principales problemas del Perú.
En una reciente entrevista con Desde Adentro, Rolando Arellano Bahamonde, gerente general de Arellano Consultoría, señalaba que había una oportunidad para las empresas del sector de trabajar en zonas geográficas más allá de sus zonas de influencia directa, siendo parte de la ciudadanía, no para suplir al Estado, sino para “pensar en cómo ayudarlo a resolver situaciones”.
Las intervenciones
Tres empresas asociadas del sector minero energético, como Minera Poderosa, Minera Barrick Misquichilca (ahora Minera Boroo Misquichilca) y Unacem, han trabajado en proyectos vinculados a la seguridad ciudadana. Estas experiencias datan de la década
pasada y fueron generadas bajo el mecanismo de obras por impuestos.
El primero tuvo a Poderosa y Barrick Misquichilca como parte de un consorcio, integrado además por Backus y el BCP, para construir e implementar la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú, en Trujillo, requerida por el Gobierno Regional de La Libertad.
La escuela viene formando nuevas promociones desde el 2018 para contribuir a cerrar el déficit de policías que afrontaba la región norteña para combatir la inseguridad ciudadana. Para Poderosa, esta iniciativa de proyecto tuvo sus orígenes en el 2013 y trajo beneficios para todos los involucrados. “Para el Estado, porque se agilizan proyectos de inversión pública y se cierra la brecha de inseguridad del país. Para la población, pues pone a su servicio una infraestructura de calidad, posibilitando que la Policía cuente con infraestructura y equipamiento idóneos. Y, finalmente, también para la empresa, pues estas obras tienen aceptación social y ayudan a la continuidad de la actividad minera”, resaltan.
El convenio significó una inversión de más de S/ 40 millones por parte del consorcio financista y la obra fue entregada en octubre del 2017. “Ha sido reconocida a nivel nacional como una de las mejores escuelas de Policía”, afirman. De otro lado, el proyecto de Unacem surgió en el 2014 como una iniciativa privada para dotar de cámaras de seguridad y un sistema de videovigilancia al distrito limeño de Villa María del Triunfo, donde se localiza una de sus plantas de producción de cemento. “Fueron las primeras 34 cámaras de vigilancia instaladas en la zona; las cámaras de alta definición demandaron una inversión de S/ 3.3 millones y comenzaron a funcionar en la moderna central de monitoreo del distrito en junio del 2016”, relataron.
En Unacem consideran que la obra fue efectiva para generar valor en su zona de influencia. Y, aunque tuvieron que esperar un tiempo para obtener el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) de la misma —por el cambio de autoridades locales y regionales—, la destacan como una herramienta para conseguir el desarrollo de infraestructura comunitaria y social que se necesita.
Los retos para más proyectos
Mariana Caballero, gerente general de la Alianza para Obras por Impuestos (ALOXI), una organización sin fines de lucro que promueve el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para cerrar brechas sociales y de infraestructura, señala que es necesario crear más espacios de diálogo entre las empresas del sector y los diferentes gobiernos subnacionales para saber qué necesidades tienen y cómo apoyarlos.
“Si lo que queremos hacer es incrementar obras, por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, lo que habría que hacer es articular este esfuerzo con los gobiernos regionales y locales, levantar información sobre qué proyectos tienen, y también sensibilizarlos sobre la necesidad de contar con este tipo de proyectos, no solamente en áreas urbanas sino
rurales”, detalla.
Caballero destaca la participación de las empresas minero energéticas, usando las OxI para atender las necesidades de la población. “Más del 50% de estas inversiones provienen de las empresas del sector minero energético; pero sus prioridades han estado más vinculadas a sus zonas de influencia y relacionadas a agua, saneamiento, salud y educación, que
también son importantes”, afirmó.
Otro reto por enfrentar, menciona la ejecutiva, es el cambio continuo de funcionarios públicos en puestos clave. Y es que, también en este tema, la institucionalidad y la confianza son importantes para sacar adelante este tipo de iniciativas.
