El sector minero energético se ha destacado siempre por su innovación, señala el presidente de la SNMPE, Raúl Jacob, en la inauguración del XIII TICAR 2022. Pero, ahora más que nunca, en medio de una coyuntura política inestable, la tecnología, la conectividad y la bioseguridad pueden convertirse también en una oportunidad para la generación de nuevas alternativas y soluciones para los grandes problemas y desafíos del sector minero energético.
“La bioseguridad es un punto de gran importancia: ya hay operaciones mineras en el Perú que tienen trabajadores de manera remota, lo cual reduce sustancialmente el riesgo de accidentes que involucren a personas. En conectividad, tenemos cada vez mejores capacidades de comunicación, y eso está mejorando la productividad de nuestras operaciones. El impacto de la tecnología de la información, también se ve reflejado en el aumento de velocidad de las soluciones, y la ciberseguridad es clave, cuando hemos visto un aumento de ataques de hackers a empresas mineras”, detalló Jacob.
PANORAMA MINERO ENERGÉTICO
Previamente, el presidente de la SNMPE brindó un panorama sobre cómo avanza el sector minero energético, destacando que su participación dentro del PBI es del 13.2% (minería 9.7%, hidrocarburos, 1.8% y electricidad 1.7%), así como su potencial para la generación de empleo, el cual alcanza los casi dos millones de puestos de trabajo, que incluyen 250 mil empleos directos.
“El 68% de las exportaciones peruanas, es decir, dos de las terceras partes de lo que exporta el Perú, está relacionado con los sectores agrupados por la SNMPE”, afirma Jacob, quien también destacó que la participación en la inversión privada del sector minero energético representa el 22%. De este porcentaje, el 15% corresponde al sector minero.
“Previo a la cuarentena, estamos prácticamente igual en cuanto al volumen de producción y PBI del sector minero. En el caso de hidrocarburos, vemos una situación más complicada, venimos en una caída de varios años y hemos caído en la mitad de la producción petrolera del Perú, y si bien hemos tenido la buena noticia del gas de Camisea, en lo que es producción de hidrocarburos, estamos al 77% de la situación pre pandemia”, comentó.
En el caso del PBI eléctrico, señala Jacob, este es el único que ha crecido y moderadamente, aumentando respecto a la situación previa con un 6% acumulado. Jacob también destacó los avances en los cambios de la matriz energética que ha permitido que más de 1 millón de hogares y comercios comiencen a utilizar el gas natural. “El 30% de la electricidad que se genera usa gas natural”, recordó.
“A partir de 2017 se inicia un nuevo periodo de crecimiento en los precios [de los metales]. Pero no es lo único que se necesita para que las inversiones mineras y energéticas y en hidrocarburos se den. Debe haber condiciones adecuadas para poder seguir adelante con los proyectos, y el resto está relacionado con la estabilidad política y de las reglas del juego, y un ambiente social de tranquilidad que, lamentablemente, no hemos tenido en los últimos cinco años”, afirmó.
Sin embargo, Jacob recalcó que las reservas de los principales minerales que produce el Perú han ido en aumento. “Hoy tenemos más reservas de zinc, plata y cobre de lo que teníamos en el 2000”, dijo. “La exploración minera, que es un punto de partida —toda gran mina empezó con un proyecto de exploración— ha permitido aumentar las reservas de manera importante y, por lo tanto, es importante promover la exploración”.
OTROS DESAFÍOS
Frente a los desafíos para frenar la conflictividad social, Jacob señaló la urgencia de respetar el Estado de derecho, así como una mayor diligencia para responder y prevenir conflictos por parte de las autoridades. En ese sentido, señaló la falta de articulación entre distintos niveles de Estado, aspecto clave para hacer un uso eficiente y transparente de los recursos que genera la minería.
Desde la SNMPE, Jacob compartió tres propuestas concretas para enfrentar estas problemáticas. Primero, establecer un mecanismo de resolución de conflictos que enlace los tres niveles de Gobierno y las instituciones del Estado. Segundo, mejorar el mecanismo de uso del canon y regalías para que se agilice su aplicación y se eleve la eficiencia en su ejecución, con una mirada territorial. Y, finalmente, priorizar el cierre de brechas sociales y el aseguramiento de servicios y bienes públicos para la población.
