Una de las preocupaciones de la economía es el crecimiento o caída de la inversión privada, el verdadero motor de la economía. Y dentro de ella, la inversión minera es definitivamente protagonista. Incluso cuando la concreción de la cartera de proyectos de construcción de minas representaría un impulso definitivo a generar empleo y recursos fiscales para procurar un mayor desarrollo nacional. Consultamos a algunos expertos cuál es la agenda pendiente de la industria para sacar adelante estos proyectos y más.
Minería de clase mundial
Miguel Cardozo, presidente de los encuentros Rumbo a PERUMIN, en conversación con Desde Adentro, sostuvo que el Perú tiene la imperiosa necesidad de tener una minería de clase mundial que promueva mayores inversiones, mejorando su competitividad. Así, el Perú podrá ubicarse entre los primeros productores de la región y del mundo, por la naturaleza polimetálica de sus recursos naturales a lo largo y ancho del territorio nacional.
Con ello, no solo recuperaría posiciones en el Índice de Competitividad Minera, sino que se situaría en un lugar expectante a nivel global. “En todos los países hay entusiasmo por afianzar e impulsar la minería y estamos en gran competencia por ello, debido a que la demanda de metales se ha incrementado y se seguirá incrementando por la transición energética y la demanda actual de cobre”, aseveró.
Según Cardozo, la transición energética en marcha hará que la demanda de minerales —en particular del cobre— se incremente aún más. “El pronóstico es que en el año 2030 la demanda exceda largamente las posibilidades de oferta que hoy tenemos en el mundo, situación que va a generar precios altos del mineral”, vaticina el ejecutivo.
De esta manera, el Perú podría producir más de 5 millones de toneladas de cobre fino por año, “que podríamos hacerlo, tan igual como ocurre en Chile”, asegura.
Para Cardozo la Nación demanda alcanzar consensos “no solo para resolver el problema de la minería, sino del país en su conjunto, en vista de la inestabilidad política que vivimos”. El diálogo con el sector minero —asegura el ejecutivo— permitirá alcanzar acuerdos sobre cómo se debe conducir el sector minero hacia el futuro y aprovechar las oportunidades que tenemos con la mayor demanda de todos los metales y, en particular, del cobre.
Incertidumbre y orden
Desde el Instituto Peruano de Economía (IPE), Miguel Palomino, su presidente, es un convencido de que el Perú es un país eminentemente minero. “Por ello, los inversionistas van a mirarnos, siempre, de manera favorable. Además, tenemos uno de los más modernos y efectivos marcos tributarios, según consta en el último informe hecho a pedido del Gobierno peruano por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En realidad, nuestro principal problema es el efectivo cumplimiento de la ordenación jurídica existente”, dijo.
Desde su experiencia como economista y banquero de inversión, catedrático y director del Banco Central de Reserva del Perú y de empresas privadas, Palomino explica que la incertidumbre política es hoy el principal problema que afecta el clima de inversiones. “Ello se deriva de la falta de voluntad y capacidad de un Estado débil que no puede hacer frente a los problemas causados, en gran parte, por esa percepción de debilidad estatal. Esto es lo que frena la inversión minera a gran escala. Nadie va a invertir si no sabe a qué atenerse”, manifiesta.
La minería, sostiene, está preparada para generar las inversiones, el empleo y los ingresos fiscales necesarios para que el Perú dé un gran paso adelante en su desarrollo como país. “Lamentablemente, ya hemos perdido valiosos años de precios muy altos de minerales que habrían hecho la diferencia en nuestro desarrollo como país. Si se considera política económica lidiar con la minería ilegal que depreda nuestros recursos y contamina nuestro medio ambiente, ahí también habría espacio para actuar”, considera.
Contra la tramitología
A su vez, el exviceministro de Minas, Rómulo Mucho, cree que la tramitología minera se ha incrementado de manera excesiva para desanimar a los inversionistas, aunque la minería ha respondido cumpliendo la Ley y superando todas las vallas que se han establecido para desarrollar los proyectos.
Según Mucho, “antes, el número de instituciones que autorizaban la ejecución de un proyecto minero eran de tres a cuatro y unos 10 a 12 permisos en la década del 2000 al 2009. Pero, hoy, se requiere de la autorización de diez instituciones y unos 200 permisos. Además, el tiempo de aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental duraba casi 320 días en la década del 2000 al 2009, y desde el 2012 esto se incrementó y hoy andamos en más de 700 días”.
Lo idea, asegura, es una contar con “ventanilla única”, pero eso difícilmente se dará, pues las autorizaciones son transversales y pasan por diversos ministerios como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio del Ambiente, Cultura, Desarrollo Agrario y Riego y Transportes y Comunicaciones, entre otros. Entonces, “se requiere un análisis profundo de los permisos y autorizaciones que no aplican y deben ser reducidos”, sentencia.
Otros temas en agenda
Sin embargo, el Perú también requiere de otras condiciones particulares para promover e impulsar al sector minero.
En ese sentido, promover efectivamente las exploraciones mineras permitirá tener a futuro más minas en operación. Y, para ello, contar con mecanismos como la devolución del IGV resulta importante, más aún por cuanto en la etapa exploratoria no se generan ingresos para compensar los gastos. Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE y director de Sociedad Minera El Brocal, comenta en ese sentido, que la creación de un Banco Minero, como banca de fomento, puede ser clave para el desarrollo, tecnificación y formalización de las exploraciones y operaciones mineras de pequeña y mediana escala.
De otro lado, el sector público requiere fortalecerse institucionalmente, en especial, el MINEM, para ejercer un verdadero rol promotor de la inversión minera sostenible y formal en el país.
Desde el lado social, las llamadas “avanzadas sociales” son fundamentales. Estas misiones trabajan antes de la llegada de un proyecto de inversión y permitirían sensibilizar a la población y tener un acercamiento con las regiones sobre la importancia de la minería con una mirada de desarrollo territorial, integrando a los actores locales en el ámbito de la intervención.
Asimismo, en materia regulatoria, los procedimientos de Consulta Previa deben racionalizarse y simplificarse, en adición a los Informes Técnicos Sustentatorios. Esta herramienta, creada para validar los cambios en la operatividad de un proyecto sin un impacto ambiental significativo, se han vuelto compleja al extremo y genera demoras, al igual que las opiniones técnicas vinculantes de la Autoridad Nacional del Agua, que extienden con frecuencia los plazos de los proyectos de inversión. Generar un grupo especializado de trabajo dedicado al sector, con recursos humanos y tecnológicos apropiados, podría atender la alta demanda de expedientes del sector minero.
Superando estos desafíos, la minería peruana podría tomar aún mayor impulso.
