A una semana de entrar en vigencia las restricciones a la tercerización laboral y la negociación colectiva, las medidas ya han generado inquietud en el empresariado nacional. Más incluso cuando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha señalado que iniciará acciones legales contra los órganos resolutivos que “contravengan” las normas que ha establecido.
El ministerio se refiere específicamente al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y al Poder Judicial. Ambas han recibido las acciones legales interpuestas por las empresas orientadas a cuestionar la legalidad del Decreto Supremo 001-2022-TR. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocrática del Indecopi ha dispuesto más de 40 medidas cautelares para paliar los efectos del nuevo reglamento, resolviendo que los cambios dictados por el MTPE constituyen una “barrera burocrática”.
“El Indecopi tiene la finalidad de defender que el mercado se desarrolle sin ninguna interferencia, por eso está interviniendo. Ya son más de 200 acciones de amparo las que se han presentado y están impidiendo la aplicación de la norma en las empresas”, relata a Desde Adentro el constitucionalista Óscar Urviola.
Para el también expresidente del Tribunal Constitucional la normativa que prohíbe la tercerización y aquella que modifica las relaciones laborales recaen en un error en común: están pensadas solo en el 10% de la Población Económica Activa (PEA) y no en los trabajadores informales. “Casi el 90% de la PEA está en la informalidad y no está protegida con todos los derechos que supuestamente estas medidas tratan de alcanzar. Por ello, hay que promover el trabajo a través de disposiciones que permitan aumentar la base del PEA y aumentar la actividad formal”, afirma Urviola.
Además, sostiene que la prohibición de la tercerización impedirá la creación de nuevos empleos “porque ninguna empresa que apunta a lograr objetivos económicos y de producción de calidad, y también de activos sociales, podrá lograr esas metas si se les obliga a realizar actividades que no son de su especialidad”. Por eso, concluye, “toda regulación debe tomar en consideración el impacto y las consecuencias que las normas laborales tienen sobre la economía y las actividades de las empresas”.
Protección laboral y económica
Para Urviola, la disposición sobre las relaciones laborales impulsada por el MTPE tiene un impacto profundo en el sector empresarial: facilita la constitución de organizaciones sindicales y atenta contra la voluntad de la libre asociación, obligando a los trabajadores a acatar la huelga y prohibiéndoles, incluso, la concurrencia al trabajo, lo que no contribuye a crear espacios de trabajos seguros y entornos económicos sanos.
“Hay que tener una visión conjunta de lo que es la Constitución Laboral y la Constitución Económica. Una mirada solo desde la perspectiva laboral, con criterios eminentemente políticos y desligada de los objetivos generales del Estado, es absolutamente inapropiada. Debemos abordar este tema desde la perspectiva de la protección del trabajo, pero también desde la perspectiva de la Constitución Económica, donde se consagra la economía social de mercado. Sin riqueza no se puede crear trabajo”, finaliza Urviola.