Entre un 50% y 75% de empresas minero energéticas asociadas a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) llevan adelante o ya ejecutaron procesos voluntarios de debida diligencia en Derechos Humanos. “Se trata de un avance sustancial”, destacó la presidenta del Comité de Derechos Humanos y Empresas de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Jenny Vento.
Durante su participación como panelista en el VII Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe denominado “Rendición de cuentas para una conducta empresarial responsable”, la ejecutiva afirmó que uno de los retos en materia de debida diligencia es la incorporación de la cadena de suministros, con especial atención de los proveedores locales y de aquellos que operan en las comunidades.
Recordó que desde la CONFIEP y la SNMPE se generaron espacios de reflexión que permitieron avanzar en la implementación de los principios rectores a través de comités de Derechos Humanos, de género y diversidad, promoviendo en las empresas este enfoque con estándares definidos. Y “en esa línea, estamos avanzando, además de la capacitación y sensibilización en esta materia”, comentó la experta, quien también es coordinadora de Derechos Humanos y Gobierno de Anglo American Perú.
“Esta [práctica] está concentrada en las grandes empresas y la idea es ir avanzando para que llegue a las medianas y pequeñas empresas, como otro de los retos que tenemos”, puntualizó.
Asimismo, resaltó los avances en materia de Gobierno Corporativo con iniciativas empresariales en políticas de Derechos Humanos, códigos de conducta, la incorporación y el cumplimiento de los Derechos Humanos, políticas en cambio climático y herramientas orientadas hacia una conducta responsable y procesos de debida diligencia.
“Los avances en procesos de debida diligencia en Derechos Humanos permitieron que varias empresas identifiquen los potenciales riesgos para el negocio y los impactos reales, potenciales y percibidos. Otras empresas avanzaron en [contar con] sistemas de gestión de riesgos e impactos y otras realizaron, propiamente, procesos de debida diligencia”, detalló.
Dijo que este “efecto contagio” ha permitido que empresas proveedoras avancen en sus procesos de debida diligencia; mientras que otras empresas se presentaron voluntariamente en reconocimientos otorgados por la SNMPE y el propio Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, como Antamina, Anglo American y Newmont Yanacocha, entre otros.
“Otras tienen cláusulas contractuales en sus contratos en las que se exige a los proveedores el respeto al buen Gobierno Corporativo, el respeto y cumplimiento de principios rectores y de otras políticas sociales de inclusión y diversidad de género”, aseveró.
El Foro Regional es un evento organizado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco del proyecto CERALC con la colaboración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea.