A un año del gobierno del presidente Pedro Castillo, una serie de medidas impulsadas desde el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) han impactado en el sector minero energético. Estas medidas, como se ha explicado en artículos previos, se encaminan hacia una reforma más radical, y podrían afectar al empleo y la productividad de las empresas.
La norma que prohíbe la tercerización laboral, la evaluación del Código del Trabajo y sus propuestas, las negociaciones por ramas de actividades, la derogación de suspensión perfecta de labores, entre otros puntos, son impulsados por el actual Gobierno. Y frente al rechazo al decreto que busca eliminar la tercerización, el MTPE emitió un comunicado para anunciar que defenderá esta iniciativa ante las acciones legales que realiza el Congreso para evitar que se haga efectiva.
De todo ello habló Percy Alache, socio líder de servicios laborales de PwC del Perú, durante el Webinar Propuestas laborales del gobierno para el segundo semestre de 2022, que forma parte del ‘Ciclo de conversatorio contables y financieros del sector minero energético’, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Alache parte de un dato clave: el Gobierno ha logrado un avance del 68% de la llamada Agenda 19, que estableció el mandatario con el sector sindical. “Y en temas no menores. Desde aspectos relacionados con el empleo público, la derogación de la norma de suspensión perfecta de horas, las condonaciones de horas en la pandemia que el gobierno quiere castigar”, enumeró Alache.
Tercerización de servicios
El 15 de julio el Pleno del Congreso no colocó en agenda el debate sobre la derogación de la norma. De no derogarse, esta entrará en vigor el 23 de agosto. “A un mes de que la norma entre en vigor, tenemos al menos una expectativa de que pueda ocurrir una fiscalización bastante dura”, advierte Alache.
Sin embargo, las empresas minero energéticas han realizado procesos de amparo o procedimientos de barreras burocráticas. De acuerdo con el diario Gestión, como mínimo, 200 empresas presentaron acciones de amparo ante el Poder Judicial y 92 ante el Indecopi por barreras burocráticas. Y, hasta ahora, más de 50 empresas ya recibieron medidas cautelares para que sea efectiva la norma, mientras se revisan sus denuncias.
Alache destacó la medida cautelar que obtuvo Consorcio Minero Horizonte. Esta fue respaldada debido a que la Ley General de Minería permite la tercerización de actividades. “En sectores de minería, hidrocarburos y energía ya cuentan con regulaciones especiales y la tercerización es base del proceso crítico y de la cadena de valor”, afirma Alache. Pero subrayó que las medidas cautelares son provisionales, por lo que aún falta un pronunciamiento sobre el fondo de la medida.
En caso la norma no sea derogada, un primer escenario que han asumido varias empresas, dice Alache, es mantener el modelo tercerizado y reforzarlo. Otro escenario, aunque menos aconsejable, aclaró, es el sinceramiento: incluir al personal tercerizado en la nómina de la empresa principal. “Solo en casos muy críticos donde la situación sea inmanejable”, precisa.
Sindicatos y anteproyecto
El 24 de julio el Gobierno publicó el Decreto Supremo N.° 014-2022-TR. Esta norma modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que regula la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Ahora, no solo podrán formar sindicatos los trabajadores no dependientes, además, si en tres días el Ministerio de Trabajo no responde para la autorización de una huelga, esta se puede realizar.
Según Alache, la norma permitirá que los trabajadores se afilien directamente a organizaciones de mayor nivel, como federaciones y confederaciones, y que los practicantes se pueden afiliar al sindicato. Por ello, la masa crítica de afiliados podría crecer. “Preocupa porque es una regulación mucho más rígida y casi todo el sector energético, hidrocarburos y minería está sindicalizado”, dice Alache. Además, la norma propone que no se puedan extender los beneficios del convenio colectivo de manera unilateral, que era una práctica que muchas compañías venían haciendo, por lo menos, en los últimos 15 años, señala Alache.
Hay más. “El arbitraje, que era uno de los mecanismos para resolver conflictos en el sector, ahora solo podrá ser iniciado por los trabajadores y no por la empresa, cuando muchas veces son las empresas las que inician el diálogo. Además, para efectos de las negociaciones colectivas, el empleador deberá proporcionar información económica, financiera y laboral, incluida la escala salarial de la empresa”, detalla Alache.
Respecto al Anteproyecto del Código Laboral, Alache aclaró que este no ha entrado al Congreso. “Hace 20 años se discutió, no hubo consenso y cayó. Parecería que tendría el mismo rumbo, salvo que el presidente diga algo el 28 de julio. Si la tercerización no pasó, difícilmente una norma que quiera cambiar todo el sistema de relaciones laborales pase también el mismo filtro”, concluyó.