El Perú está en el límite entre la denominada “Democracia fallida y un régimen híbrido” y es muy probable que en la próxima edición de la revista The Economist se nos califique como un régimen con un débil imperio de la Ley y un limitado funcionamiento del Estado, sostuvo el especialista en gobernanza, Alonso Cárdenas. Ello como parte de su exposición “¿Cuál es la situación de los gobiernos locales en Perú?”, enfocada en el rol de las empresas en la gestión pública.
Convocados por el Comité de Asuntos Sociales de la SNMPE para intercambiar ideas sobre “Prevención de conflictos: Experiencias de mecanismos de articulación local”, los ponentes invitados de distintas empresas abordaron aspectos relacionados con cómo atendieron las brechas y riesgos que identificaron en el territorio y área de influencia de sus operaciones.
Alonso Cárdenas sostuvo que la ciudadanía cada vez evidencia menor satisfacción con el sistema democrático y la calidad de servicios públicos en salud, educación y acceso a la justicia, elementos que representan el núcleo de la democracia. “La satisfacción que tenemos en el Perú con la calidad de los servicios públicos es la peor de la región”, puntualizó.
En ese contexto, los problemas nacionales se acrecientan en los gobiernos locales, que están incluidos en los análisis de riesgo que las empresas hacen en sus áreas de influencia operativa.
El experto recordó que, en el 2016, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) efectuó una primera aproximación para entender la complejidad del funcionamiento de los gobiernos locales, analizando variables como los ingresos de sus funcionarios —quienes en muchos casos tienen que gestionar los conflictos sociales— y la formación académica.
Y es que, según datos de la Contraloría General sobre el impacto de la corrupción a nivel subnacional, en el 2019 hubo 8,081 funcionarios investigados en el ámbito administrativo, civil o penal; generando un perjuicio económico estimado en S/ 9,460 millones. De ellos, S/ 700 millones se localizaron en Arequipa y S/ 500 millones en Áncash, con lo que tuvieron un gran impacto con relación al tamaño de la economía regional y local. Esa cifra, sostiene Cárdenas, se habría incrementado tras la pandemia.
“Cuando estamos en un ecosistema empresarial rodeado por diferentes actores o stakeholders, esta debilidad institucional de los gobiernos subnacionales es un factor crítico”, reflexionó el experto en prevención y gestión de conflictos sociales vinculados al sector extractivo.
El programa FOGEL de Antamina
Por su parte, el superintendente de Desarrollo Sostenible de Antamina, Ricardo Ordóñez, destacó la ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Desarrollo Local (FOGEL) que empezó en el 2016 en materia de inversión social bajo la perspectiva de mejorar la calidad de vida de las personas y la prosperidad de las comunidades en función al Índice de Desarrollo Humano.
La inversión social de Antamina se fundamenta en distintos pilares, como la institucionalidad madura, destacando FOGEL como uno de los principales proyectos, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de los actores de un territorio.
En esta iniciativa, el vínculo con las municipalidades y los espacios de diálogo con los líderes locales son importantes, pues generan redes y relaciones de confianza como un proceso permanente del FOGEL en el fortalecimiento de un modelo de desarrollo y gestión territorial que se mide en 12 indicadores, impulsando la participación ciudadana.
“Trabajamos 12 espacios ‘multiactor’ en 20 distritos, una construcción social que debe fortalecerse y motivarse en el espacio minero. De ellos, diez han comenzado a retomar sus agendas después de la pandemia”, precisó Ordóñez.
Los Codecos y JAAS de Minera Poderosa
Minera Poderosa también ha realizado trabajos al respecto. María Paz Delgado, asistente jefe de Relaciones Comunitarias de Minera Poderosa, expuso así los alcances y resultados del modelo de gobernabilidad para el desarrollo sostenible que promueven a través de los Comités de Desarrollo Comunal (CODECOS). Estos comités están integrados por autoridades locales, instituciones y rondas campesinas con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población y sus anexos en base a la concertación.
Con el apoyo del Fondo Social Concursable de Minera Poderosa se han ejecutado diversos proyectos en salud, agua potable, saneamiento y educación con una inversión de S/ 2.7 millones.
“Los convenios firmados por los CODECOS en el distrito de Pataz con la Asociación Pataz —que representa el Fondo Concursable—, fortalecen a la organización y su participación, afianzando su capacidad para que pueda gestionar proyectos de desarrollo en función a las necesidades de los anexos”, comentó.
La participación de los CODECOS también ayuda en la vigilancia y transparencia en la gestión pública como un instrumento de control social, atendiendo las solicitudes de proyectos que mejoren la calidad de vida de la comunidad. Hasta el momento funcionan 15 CODECOS en la provincia de Pataz y la estrategia consiste en su reconocimiento municipal e inscripción en la SUNARP, como una asociación civil.
En materia de gestión integral de los servicios de agua y saneamiento, el trabajo que lleva adelante Minera Poderosa con las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) —que suman 19 en 13 anexos del distrito de Pataz— ha permitido que la SUNASS reconozca a dos de ellas como modelo de gestión en la región La Libertad.
El fortalecimiento de las capacidades de las JASS promueve una buena gestión integral de los servicios de agua y saneamiento, reduciendo a cero la conflictividad social en el ámbito de las operaciones de la empresa por temas de agua destinada al consumo humano.