Uno de los retos del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025 (PNA) es lograr su descentralización para su conocimiento e implementación en las distintas regiones. Este Plan es el primero de este tipo en el país e incluye 23 temas priorizados y 97 acciones estratégicas con indicadores y metas bajo la perspectiva de garantizar que las empresas públicas y privadas respeten los Derechos Humanos en sus ámbitos de acción.
El coordinador general del PNA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Miguel Huerta, sostuvo que el propósito del Plan es impulsar una Conducta Empresarial Responsable y, en esa línea, están elaborando un plan de capacitación para las empresas públicas con el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).
Precisamente, el primer lineamiento estratégico del PNA dispone la promoción y difusión de una cultura de respeto a los Derechos Humanos en el ámbito empresarial conforme al marco de los estándares internacionales de los Principios Rectores.
Asimismo, a través del PNA se establece la promoción y diseño de procedimientos de debida diligencia para asegurar el respeto de las empresas a los Derechos Humanos y el fortalecimiento de mecanismos para garantizar el acceso a reparación a los posibles afectados por las vulneraciones a los Derechos Humanos.
“Es importante la capacitación para fortalecer el conocimiento de los Principios Rectores, Derechos Humanos y Conducta Empresarial Responsable; además de mecanismos de monitoreo y seguimiento para medir el avance y la debida diligencia”, puntualizó.
En su exposición ante representantes del sector minero energético en el Comité de Derechos Humanos de la SNMPE, explicó que una Conducta Empresarial Responsable significa que las empresas evalúen los niveles de riesgo que puede tener su intervención en determinada zona por acción directa o indirecta, analizar las implicancias sociales, económicas y ambientales de esa operación y, a partir de ello, establecer medidas de prevención y mitigación de impactos y mecanismos de reparación.
Como “bloques de acción” en la gestión, Huerta pone énfasis en el fortalecimiento del denominado diálogo multiactor para que el Estado, empresa y la sociedad civil puedan compartir reflexiones en la implementación del PNA; así como su consolidación institucional hasta el 2025.