Mientras el mundo avanza en dirección a una tendencia empresarial de la especialización, la innovación y de la competitividad, en el Perú parecemos estar en el camino contrario. Nos referimos al Decreto Supremo N° 001-2022-TR, emitido por el Ministerio de Trabajo, que prohíbe parcialmente la tercerización y que está disociado de lo que la realidad dicta.
Prohibir la tercerización en las llamadas actividades “nucleares” no solo pone en riesgo los puestos de trabajo de miles de personas, sino que a todas luces atenta contra el proceso de formalización del empleo y coloca en grave riesgo a las empresas dedicadas a prestar servicios especializados.
Con esta medida antitécnica y anticonstitucional, el Gobierno solo conseguirá mayor rigidez del mercado laboral y, por ende, alentará la informalidad, además de generar una gran incertidumbre por las múltiples preguntas que surgen de este dispositivo que ha sido elaborado sin los consensos necesarios y la discusión abierta de los actores involucrados en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo.
Ya el mismo Banco Central de Reserva ha mencionado en una carta al Congreso de la República que, por el contrario de lo que la norma buscaría, las experiencias similares en la región (México, Ecuador o Bolivia) indican que las restricciones a la tercerización laboral tienen efectos negativos sobre el empleo y el proceso de formalización.
A todo esto, se agrega que una norma como esta va a terminar encareciendo productos, servicios, incluso servicios públicos. Es evidente que no se ha hecho un estudio sobre cuánto le va a costar al Estado y al sector privado implementar esta medida.
Confiamos que las autoridades dejen de lado medidas que solo provocan incertidumbre y que se rectifiquen por el bien de los peruanos que queremos trabajar por el desarrollo del país.