La última sesión del Comité de Asuntos Sociales (CAS) de la SNMPE contó con la participación de representantes del Banco Mundial (BM) que presentaron el estudio: “Evaluación integral de la gestión del sector minero en el Perú”, que brinda una serie de recomendaciones al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para la prevención (estructural) de conflictos sociales.
Javier Aguilar, coordinador regional de Industrias Extractivas del BM, explicó que el marco de gestión centrado en la atracción de la inversión minera ha sido muy bueno en los últimos 20 años, pero que “ya no es suficiente” en el contexto actual del país. “Nosotros vemos la necesidad de un nuevo enfoque de la minería a través de una política pública, y si fuera posible, de una política de Estado. En la práctica, el Estado debe ser el primer interesado en que los recursos [minerales] se aprovechen y se exploten de manera adecuada”, aseguró.
“El grueso de los proyectos mineros en la cartera del MINEM está en etapa de prefactibilidad, es decir, van a tomar varios años, seis o siete, en concretarse. El 91% son greenfield, es decir en zonas donde no se ha hecho minería anteriormente y será algo nuevo para la población”, explicó Aguilar. Por eso es vital contar con una política de Estado para su real aprovechamiento.
El estudio presentado identificó las áreas donde debe haber mejoras, como corregir la ralentización de los proyectos de exploración minera; la falta de predictibilidad, credibilidad y confianza pública de las agencias gubernamentales involucradas en las certificaciones, permisos y fiscalización.
Sobre este punto, Alejandro Vio Grossi, consultor del BM en temas extractivos, explicó que las comunidades y regiones no perciben a los reguladores como independientes. También dijo que los Estudios de Impacto Ambiental limitan y no establecen de manera clara los beneficios socioeconómicos [de los proyectos] a escala regional, más allá del área de influencia.
La importancia del largo plazo
Finalmente, Paulo De Sa, también consultor del BM, reveló que no existe una política sectorial a largo plazo para aprovechar la industria minera en un plan de desarrollo económico más amplio. “La minería está paralizada en el Perú.
“La falta de espacios institucionalizados permanentes para él diálogo de las partes interesadas y la alta rotación de autoridades perjudica la calidad de este. No hay un diálogo preventivo”, aseguró.
De Sa listó las recomendaciones del estudio al MINEM, que incluyen políticas de desarrollo territorial, a través de planes regionales y locales, que comprenden crear un mecanismo de equidad interregional para las transferencias de canon, fondos de estabilización o ahorro; y un plan de diversificación, basado en la demanda actual y futura de la minería.
Puntos de vista
“Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener otros 30 años espléndidos en minería, sino muy complicados. En el centro [del debate] está la aceptación de los proyectos y el problema de la eficiencia institucional”, aseguró Jaime Gálvez, exministro de Energía y Minas.
Para el exfuncionario, el desafío principal ahora es hacer que la minería sea percibida como una buena noticia en los territorios donde se encuentran los proyectos, y que no sea percibida solo como algo macroeconómico, lejano.
En tanto, Paola Bustamante, directora de Videnza consultores y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, explicó que la apuesta por tener una política nacional de minería —iniciada en el pasado Gobierno de transición— debe continuar, pero debería ser multisectorial.
“Hay buenas normas para la promoción de inversiones y en materia ambiental, pero algo pasa en la implementación, y cómo la perciben los ciudadanos. Por ejemplo, desde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) puede haber acciones de fiscalización, pero nadie se entera. No hay retroalimentación en ese rol de cumplimiento normativo”, declaró.
Propuestas
El diagnóstico de los consultores del BM es claro en afirmar que cuesta que se perciban los beneficios de los ingresos que aporta la minería por parte de la población, sobre todo a nivel regional. Ello, se puede apreciar en el siguiente cuadro, que muestra las brechas que existen entre las normas y la implementación de la gestión y distribución de los ingresos que provienen del sector minero, entre otras.
Fuente: Banco Mundial (2021) Evaluación integral de la gestión del sector minero en el Perú.
Ante ello, los expertos en gestión de conflictos invitados indicaron que las empresas, por su cuenta, pueden tener un impacto positivo importante a nivel local, pero el único que puede abarcar lo regional es el Estado y por eso no debería tener un rol de árbitro, sino de socio y líder de esos procesos. Es decir, debería abordar la promoción de la minería como una acción para gestionar el desarrollo.
También indicaron que los conflictos sociales en el sector minero, en realidad, terminan siendo demandas por servicios. En esa línea, sugieren contar con Agencias de Desarrollo que se encarguen de la ejecución de las medidas de desarrollo territorial integral. De esa manera, se podrían reunir capacidades públicas y privadas, pero para ello se requiere de un marco normativo que posibilite esta figura.
Según estos expertos, el Estado ha mejorado en fiscalizar los compromisos de las empresas con la participación de la OEFA. Sin embargo, cuando un plan de inversión multianual del Gobierno o un plan de desarrollo concertado no se cumple, no hay visibilidad ni proceso fiscalizador. El fortalecimiento institucional debe ayudar tanto a la colaboración público-privada para el desarrollo humano de los territorios minero energéticos como a la rendición de cuentas con transparencia.