Por Sergio Vega-León, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Perú
En diciembre, el Congreso de la República decidió no otorgarle facultades legislativas al Poder Ejecutivo para implementar una propuesta de modificación del régimen impositivo aplicable al sector minero. En un año récord en cuanto a la recaudación tributaria liderada por dicho sector y caracterizado por una marcada inestabilidad política, no parecía oportuno reformar un régimen que funcionaba correctamente desde su creación en el 2011.
En términos de inversión minera, la del 2021 fue 22% superior a la del 2020, según detalló la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), comparando la inversión de enero a noviembre durante ambos periodos; sin embargo, esta se concentra en proyectos mineros preexistentes. Sobre los nuevos, las expectativas de los inversionistas se mantienen a la baja.
Por el lado de los recursos transferidos a los gobiernos regionales y locales por concepto de canon, regalías, derechos de vigencia y penalidades, también se batió un récord durante 2021, con S/ 6,624 millones.
El reto continúa siendo la ejecución del gasto de los citados recursos, así como la capacidad de gestión de nuestras autoridades para darles un uso que vaya de la mano con la mejora de la calidad de vida de la población, principalmente, con servicios públicos e infraestructura básica en salud y educación.
El Poder Ejecutivo podría insistir en reformar el régimen tributario minero mediante la presentación de proyectos de Ley entre el Congreso, con cambios que entrarían en vigor a partir de 2023. No obstante, la prioridad debería centrarse en afrontar el reto de la gestión de los recursos transferidos a las autoridades regionales y locales y, además, en promover las inversiones en nuevos proyectos mineros.
Recordemos que, inicialmente, la propuesta del Poder Ejecutivo planteaba modificar no solo las tasas marginales aplicables a los tramos de utilidad obtenidos por las empresas mineras, sino también establecer montos mínimos en la determinación regalías, Impuesto Especial a la Minería y Gravamen Especial a la Minería; realizar cambios en la determinación de la utilidad operativa, en el costo de ventas y los gastos operativos, en las deducciones de estos gravámenes para propósitos del impuesto a la renta; y modificar algunos beneficios previstos en los contratos de estabilidad.
En síntesis, se trató de una reforma completa. A pesar de ello, el Poder Ejecutivo quiso variar su propuesta para plantear la modificación de las tasas marginales en los tramos más altos, sustentado en un informe que el FMI preparó para este efecto.
Se prevé que en el 2022 los precios de los minerales en el mundo se mantendrán altos, lo que nos podría poner nuevamente en un escenario récord de recaudación, sin necesidad de incrementar los impuestos y gravámenes de la industria minera, bajo un sistema progresivo que viene funcionando y que genera una carga tributaria agregada que fluctúa entre el 45% y 50% de las utilidades del sector. De esta forma, el enfoque debe estar en promover la inversión minera, así como en mejorar la capacidad de gestión de los recursos que aporta la minería y que son transferidos a los gobiernos locales y regionales.