La debida diligencia en Derechos Humanos e impactos medioambientales puede estar integrada en las empresas minero energéticas a través de distintas funciones, procesos y sistemas basadas en políticas claras y de comunicación constante interna y externa. Así lo explicó Lelia Mooney, especialista en empresas, derechos humanos y sostenibilidad y profesora adjunta de la Universidad de Georgetown durante su participación en el curso taller Gestión de Riesgos en Derechos Humanos en el sector minero energético, dictado por la SNMPE.
“[El problema es que] cuando hablamos de las áreas que tienen que estar involucradas [en la debida diligencia], he visto que el área legal no se relaciona con el área de compliance ni con relaciones comunitarias, u otras áreas como recursos humanos o contabilidad. Estas no se hablan tradicionalmente. Y ahora tenemos que empezar a mirar estrategias integradas”, explicó la ejecutiva quien también dirige el Centro para el Avance del Estado de Derecho en las Américas en la misma universidad.
Para la experta, esta integración de todas las áreas es importante para poder avanzar en la implementación de la debida diligencia, ya que esta “es dinámica y está vinculada directamente con los potenciales efectos negativos externos de la actividad extractiva”.
“Los desafíos en función de los impactos a Derechos Humanos y medioambientales no son transaccionales. El sector empresarial se basa en transacciones, pero, según la naturaleza de la actividad extractiva, hay que tener en cuenta que estos impactos están vinculados a temas sociales. Esto implica tener una mirada distinta que observa lo relacional directamente vinculado a la adquisición, gestión y mantenimiento constante de la licencia social para operar” indicó la experta.
Para Mooney, las organizaciones deben promover que dentro de ellas se rompa la tendencia de “mirar solo lo que me toca a mí, en mi función y rol”.
“Hay que tener equipos que tengan la capacidad de hablarse entre ellos, mensual o bimestralmente, que comparten información vinculada a las potenciales externalidades negativas en función de la actividad que realizan, que observan cuán conflictiva puede ser esa externalidad y que utilizan KPI (Key Performance Indicators) para evaluar constantemente el monitoreo de los impactos socio ambientales de manera proactiva, evitando respuestas meramente reactivas y de defensa,” aseveró Mooney.
Programas de reclamación y remediación
La experta explicó que cuando se habla de programas de remediación es importante integrar la discusión en función [del programa] de reclamación, que consiste en abrir los canales para que lleguen los reclamos hacia la empresa con una capacidad de respuesta. “Tiene que haber un sistema, una política muy clara sobre cuáles son los pasos [del proceso de reclamación]”, detalló.
La experta recordó que, si bien las empresas manejan estos temas como un proceso entre privados, guiándose del pilar de remediación de Principios Rectores, al mismo tiempo, es importante que conozcan en profundidad qué está pasando en el contexto regulatorio del país en el que operan.
“Hay mucha diversidad [de regulaciones], recordemos que a nivel de país hay mecanismos formales de acceso a la justicia; hay mecanismos alternativos, como la mediación; puede haber mucha fragmentación desde lo administrativo, ejecutivo e iniciativas legislativas. La empresa tiene que está monitoreando todos estos procesos y ver cómo se hablan entre ellos desde lo público y entre lo público-privado”, concluyó.