En las últimas semanas hemos asistido a diversos anuncios en el ámbito político que muestran señales de alarma en torno a lo que se pueda venir para el sector minero energético y los proyectos de inversión que urgen para recuperar e impulsar el desarrollo.
Lamentablemente, algunos de estos anuncios provienen de la Presidencia del Consejo de Ministros. Primero, avalar las mal llamadas “protestas sociales”, violentas incluso, dejando abierta la puerta a la impunidad de quienes atentan contra el imperio de la Ley para lograr sus fines.
Luego, promover el establecimiento de “proyectos piloto” para delimitar las cabeceras de cuenca a fin de que sean declaradas zonas intangibles a la actividad minera, olvidando de que la minería formal y responsable encuentra alternativas para proteger el ciclo del agua y los ecosistemas.
A esto se añade una propuesta unilateral para cambiar la Ley de Minería, incorporando trabas adicionales a la inversión, con el pretexto de resolver la conflictividad social, desconociendo que esta se agrava precisamente por la incapacidad del Estado para utilizar adecuadamente los recursos fiscales que ya viene generando la minería; y que deberían priorizarse en el cierre de las brechas sociales que aún arrastra el país.
Estos anuncios se producen en un contexto en el que la inversión minera no tiene más grandes proyectos constructivos a la vista. Quellaveco, en Moquegua, este año será una realidad y se terminan las grandes inversiones. Quizás, de darse en el segundo semestre, el financiamiento de Yanacocha Sulfuros sea el único paliativo a esa sequía de grandes proyectos mineros de envergadura.
Algo similar ocurre con el sector hidrocarburos, donde el potencial de nuestros recursos naturales se desaprovecha. Allí, los vacíos de liderazgo y nombramientos no idóneos en puestos clave del sector público denotan una agenda que no prioriza la reactivación de esta industria y las necesidades del país.
En un año en el que deberían impulsarse las inversiones, en especial si se consolidan las tendencias positivas de los precios internacionales de los metales, urge tomar decisiones oportunas para dinamizar la economía del país. Lamentablemente, esa no parece ser la prioridad en el Gobierno.