El colapso de una relavera en manos de cooperativas dedicadas a actividades de pequeña minería, que tendrían vinculaciones con organizaciones que se dedican a la extracción ilegal de minerales, es una consecuencia gravísima del avance descontrolado de la minería informal en Puno y en otras regiones del país.
Así lo advirtió la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), tras exhortar al Gobierno a que no baje la guardia ante la expansión descontrolada de la minería informal, presente en más de 13 regiones del Perú.
La minería informal y la ilegal son actividades que claramente destruyen los ecosistemas y generan graves problemas sociales, ambientales y económicos; sin embargo, a la fecha, nuestras autoridades no dan señales de haber diseñado una estrategia articulada para formalizarlas o, en su defecto, erradicarlas.
El gremio minero energético demanda que las autoridades correspondientes inicien una exhaustiva investigación en torno al colapso de la relavera ocurrido el viernes 26 de noviembre, la misma que se encuentra ubicada en Ananea, provincia de San Antonio de Putina, en Puno.
“Se debe identificar las causas y responsabilidades del colapso de la infraestructura que originó el desborde del relave minero que provocó serios daños materiales y ambientales; y, además, puso en riesgo la vida de los habitantes del distrito de Ananea”, refirió.
La SNMPE manifestó que este acontecimiento amerita una intervención enérgica de las autoridades en Puno, pues no estamos frente a un incidente aislado, ya que en noviembre del 2019 también colapsó otra relavera en la misma zona, perteneciente a dos cooperativas mineras.
En esa línea, expresó que sería oportuna la intervención del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ya que las capacidades de las autoridades regionales podrían no ser suficientes para cumplir a cabalidad con las funciones de supervisión y fiscalización de la pequeña minería.
Asimismo, la SNMPE precisó que el Estado tiene el desafío de controlar y poner término al proceso de formalización de los mineros informales, cuyas continuas prórrogas no hacen más que generar un incentivo perverso para que sigan operando sin los cuidados que amerita la realización de las actividades mineras.
Recordemos que, en la última semana, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que posterga hasta el 2023 el citado proceso de formalización.
En cuanto al avance destructivo de la extracción ilegal de minerales en el territorio nacional, la SNMPE señaló que no solo afecta al Perú y la vida de millones de compatriotas, sino que también atenta contra la reputación e imagen de la minería moderna y formal que realiza sus actividades con respeto a las leyes y al ambiente.
