El martes 7 de diciembre se dio un interesante debate en torno a la propuesta del Poder Ejecutivo de solicitar facultades para legislar en materia tributaria en minería. Un grupo internacional de expertos moderado por Khaled Luyo, gerente de Impuestos y Contraloría en MMG – Minera Las Bambas, y conformado por Hugo Santa María, socio economista jefe de Apoyo Consultoría; Orlando Marchesi, socio principal de PwC; Michel Jorratt, de Jorratt & Asociados (Chile); y Chen Leong, Head of Tax de MMG Group (Australia), intercambió varias ideas en el panel llamado “Política Fiscal Minera: Buscando un sistema tributario competitivo”.
En las ligas mundiales
Santa María abrió la sesión explicando algunas consideraciones sobre la tributación minera en el Perú. “Competimos por atraer inversión en la liga mundial. Es un reto competir y es urgente enfrentarlo”, comentó. A la par, explicó que el Perú compite con un número relevante de proyectos, alrededor de 175, los cuáles se podrían desarrollar en lugar de los peruanos.
“La inversión no va a un solo destino. El Perú aún es atractivo, tiene costos competitivos y sus leyes de mineral están en un buen rango, y si uno ve el sector como una fuente de oportunidades para dinamizar la economía y generar empleo, podríamos tener US$ 23,000 millones en inversiones, que es un efecto de tracción positivo para la economía. No hay otro sector con esa capacidad de atraer inversiones”, señaló. El impacto: +30% en la producción de cobre, US$ 7,000 millones adicionales cada año en exportaciones, S/ 5,000 millones anuales en Impuesto a la Renta, regalías e Impuesto Especial a la Minería, así como 600,000 empleos adicionales son algunos ejemplos.
Para el economista, las ventajas del actual esquema tributario peruano son evidentes. “Es progresivo, equitativo, todavía competitivo, beneficioso para el Estado y está alineado con los ciclos de precios”, aseguró. Apoyo Consultoría realizó un ejercicio para calcular la carga tributaria que afronta la minería y la estima en alrededor de 50%: “una de las más altas en comparación con otros países que compiten por la inversión”.
Por ello, considera que la reforma tributaria de la minería no debe ser manejada mediante la delegación de facultades. “Sí a través de una discusión técnica, transparente y sin apuros. No creo que sea el momento de introducir una incertidumbre adicional para perfeccionar algo que funciona bien y da resultados”, indicó Santa María.
Más comparaciones
Marchesi, de PwC, hizo una comparación entre los regímenes tributarios de Perú, Chile y Argentina. Según sus estimaciones, la carga tributaria en el Perú sería del 43.74% de las utilidades; en Argentina, del 45.62%; y en Chile, del 38.96%. Sin embargo, el Perú enfrenta costos adicionales, como la cantidad de reparos en las fiscalizaciones de la Administración Tributaria y el tiempo que demora resolver estos casos. “Hay una suerte de carga oculta, y para reducirla la autoridad tributaria necesita ordenar sus criterios y que sean estables”, afirmó.
A su turno, Michel Jorratt presentó, además, un estudio que realizó para la CEPAL sobre la renta económica y tributaria del cobre en Chile y Perú, considerando que se trata de sistemas bien diseñados, con impuestos que gravan las utilidades y en los que hay una regalía ad valorem para recaudar desde el comienzo. Según el experto, la renta económica de la minería del cobre en Chile en los últimos 20 años fue de US$ 173,000 millones, un 4.5% del PBI, y las empresas se quedaron con el 60% de las rentas generadas, lo que significa que, sin considerar a Codelco (empresa pública del cobre), la tajada del Estado fue del 40%. Mientras que en el Perú se reportaron US$ 70,000 millones de rentas en los últimos 20 años, 2.6% del PBI, y las empresas se quedaron con el 54% de las rentas generadas. Para el experto, una oportunidad de aumentar la recaudación proviene de las regalías sobre las utilidades, que tienen un diseño progresivo, pero en el que es casi imposible alcanzar las tasas más altas. “Hay un espacio para mejorar la progresividad de los impuestos que permitiría que el Estado capte, con precios altos, un porcentaje mayor de las rentas económicas”, aseguró.
Sin embargo, a Jorratt no le parecía recomendable que el Perú aumente el nivel de impuestos por un tema de competitividad. “El Perú tiene un nivel tributario razonable y más impuestos podrían afectar su competitividad. Más importante es que avance en la transparencia del uso de esos recursos. Hay proyectos como la Iniciativa de Transparencia en la Industrias Extractivas (EITI), pero la información sale aún con mucho desfase”, aseveró.
Experiencia australiana y conclusiones
Leong, de MMG Group, se encargó de exponer sobre la experiencia australiana del 2010 para gravar con mayores impuestos a la minería. “Se trató de un nuevo impuesto a los recursos con super beneficios. La tasa de impuestos al cobre pasó de 34% a 55%, y la del oro de 34% a 54%”, aseveró. La iniciativa se abandonó en el 2014, ante el cambio de líderes políticos, el rechazo de la opinión pública y una campaña de la Mineral Council of Australia. “Si lastiman a la minería, lastiman a Australia fue su eslogan. Y es que los mayores impuestos afectaron no solo a las empresas, sino a los fondos de pensiones y a las obras de infraestructura y desarrollo que aportaban las mineras”, señaló el experto.
Entre las lecciones de esta fallida reforma estuvieron el no haber comprometido a la industria desde el inicio, la creencia de que las compañías mineras no votan, que por ser de capital extranjero no tendrían respaldo de la opinión pública, no considerar que las empresas tenían la opción de invertir en otros países, y el que afectara a otros sectores, como proveedores, banca y retail. “La campaña fue clave para que la gente de a pie tome interés en el tema”, dijo Leong.
Luyo expuso, posteriormente, sus conclusiones, señalando que “el régimen actual es reconocido internacionalmente como un sistema progresivo, equitativo y competitivo, y permite este año, como nunca antes, cosechar resultados concretos con una recaudación récord. Concluimos, además, que el espacio para una mayor progresividad es estrecho y, eventualmente, solo puede darse bajo algunas condiciones: después de un debate plural y meditado; gozar de aceptación por parte de los sectores y comunidades afectadas; y subordinarse al fortalecimiento de un entorno de competitividad en un sector gravitante para la economía nacional, pero sobre todo esencial para las zonas de influencia de la actividad minera, motor de desarrollo y cierre de brechas”.
