Claudia Cooper, actual presidenta de Perumin 35 y de la Bolsa de Valores de Lima, también es directora del Instituto Peruano de Economía. La economista nos da su interpretación del panorama actual de la minería peruana a poco de terminar el 2021.
En agosto de este año presentó su libro Minería y equilibrio económico en el que toca el tema del impacto de la minería en la economía. ¿Cómo ve la situación del sector al cierre de este 2021?
Lo que tenemos es —en un entorno de precios muy altos de los metales— un tema político en el que se está buscando tener más acceso a los recursos generados por la actividad minera y que gran parte de las comunidades [donde hay proyectos] buscan negociar con las empresas una mayor distribución de recursos. Pero lo que se está haciendo, en realidad, es deteriorar la competitividad del sector. [Hay que tener en cuenta] que la minería en el Perú es una actividad de muy largo plazo. Lo que tenemos hoy son proyectos que se hicieron viables hace tiempo y otros que ya no tendrían posibilidades de contar con licencia social para operar.
¿Qué consecuencias puede tener esto en el mediano y largo plazo?
Como país, quizás estemos en una actitud de complacencia, pero hay que considerar que, en algún momento, cuando los proyectos se terminen, no tendremos con qué renovarlos. Porque no es que a una mina se le dé licencia y, al día siguiente, empieza a producir. Pueden pasar décadas entre lo que hay que esperar mientras se explora, se encuentran los minerales, se construye y se produce. Creo que estamos pensando que los recursos siempre van a estar allí, qué es muy fácil extraerlos y no es así. Hoy estamos disfrutando de licencias que se dieron hace más de una década, en la mayoría de los casos. He estado revisando información sobre la mayoría de las regiones del país y estas dependen de un solo proyecto minero. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a agotarse?
Se viven momentos de protestas y paralizaciones alrededor de los proyectos. ¿Qué tan importante es que haya consensos?
Los intereses están más alineados de lo que parece. La minería ha generado enormes recursos en las regiones donde está y ha sido transformacional. Donde empiezan a aparecer las discrepancias es en los supuestos beneficios a corto plazo. En mi opinión, las discrepancias deberían aparecer en torno a la visión que tenemos para un desarrollo más sostenido o cómo se debe empezar a incrementar la competitividad de las diferentes regiones. No es sano que sigan dependiendo de un solo proyecto minero.
¿Qué problemas puede generar esta dependencia?
Es preocupante cuando uno se da cuenta de que en Apurímac el proyecto Las Bambas representa más del 50% del PBI, o algo similar [con Antamina] en Áncash. Lo que deberíamos empezar a pensar es cómo hacer para que las regiones no dependan de un solo proyecto y tengan mecanismos de desarrollo y bienestar más sostenibles en el largo plazo. Estos proyectos con una competitividad operativa del primer mundo conviven con comunidades y sociedades que aún muestran signos de no haber llegado a ese nivel de competitividad. Entonces, la discusión de las diferentes fuerzas políticas debería ser cómo vamos a utilizar estos recursos. Pero, por el contrario, se ha vuelto una discusión sobre cuánto van a sacar en el corto plazo. Y allí empezamos con el tema de cuán viable va a ser que los grandes inversionistas vengan al Perú. Estoy de acuerdo en que lo que necesitamos es empezar a armar una historia de desarrollo en las regiones y es allí donde tenemos que conseguir los consensos, en cómo hacer para que se empiece a tener una visión de hacia dónde debemos caminar y que no se plantee una situación de “cómo obtener mayores réditos de dichos proyectos”.
Varios expertos coinciden en que no hay un uso eficiente del gasto para cerrar brechas con los recursos generados por la minería.
El sistema de inversión pública y de repartición de la riqueza debe tener ajustes sin quitarle derechos a nadie, y creo que es absolutamente posible. En política, una vez que un sector adquiere derechos, quitarlos es muy complicado, pero hay mecanismos de inversión y distribución de esa riqueza que pueden ser más eficientes. Este tema de responsabilidad compartida [entre el Estado, empresas y comunidades] a mí me gusta mucho. Hoy, todo gira en torno a la mina y a la autoridad regional, el gobernador y los alcaldes. Entonces, hay ajustes que hacer para que la discusión fluya desde cómo reparto el dinero que ya tengo hasta cuál es la visión que tengo de desarrollo, y que la opinión pública, la comunidad y la sociedad en general tengan más qué decir sobre cómo utilizar los recursos.
¿Cómo se puede corregir esto?
Creo que se entendió mal que había que quitarle todos los controles al sistema de inversión pública. Tenemos un sistema de inversión pública que hasta hace un tiempo era demasiado engorroso y, ahora, tenemos uno demasiado sencillo. Hay que fortalecer el tema de priorización de los proyectos para el cierre de brechas. Su formulación necesita más músculo. Hoy, cuándo se habla de ejecución, parece broma porque se centra solamente en la transferencia del dinero. No se evalúa si hay hospitales operando o carreteras terminadas. Y me parece que la única forma para que esto pueda funcionar es con la sociedad, pidiéndolo. Todos los sistemas de delegación de facultades, decretos de urgencia o legislativos no van a resolver los problemas. Las normas son el 10% del problema. Lo importante aquí es conseguir el consenso alrededor de los gobiernos subnacionales de que necesitamos una visión de largo plazo que beneficie a todos: a la mina para seguir operando, al político para reelegirse y a la población para su bienestar.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha encontrado márgenes para subir los impuestos a la minería.
No he visto ese informe, pero lo que sí puedo decir es que si a los problemas que tenemos para la exploración y ejecución de proyectos —generados a nivel político con cambios continuos de autoridades—, los paros constantes y la amenaza de una Asamblea Constituyente, se les suma la incertidumbre tributaria, hacemos más difícil que se echen a andar los casi US$ 60 mil millones que tenemos en proyectos mineros. Hay consenso de que el Perú no tiene una tasa impositiva baja. Estamos compitiendo de manera negativa en inestabilidad política, problemas sociales, en un ambiente donde parece haberse empoderado un sector que frena los proyectos. La mejor reforma tributaria es aquella que logra más proyectos.
¿Es muy arriesgado plantear cambios tributarios en el contexto actual?
Esto de ser el primer país que decide hacer este tipo de cambios, la verdad que uno no lo quisiera. He escuchado al ministro Pedro Francke hablar de competitividad y este concepto es relativo. No tenemos a nadie en el mundo subiendo los impuestos al sector minero. Entonces, si somos un país con problemas políticos y sociales, y hemos decidido ser los primeros en generar mayor carga tributaria a la minería, no parece que esta sea la manera de aumentar la recaudación a largo plazo, al margen de que tendríamos aún que ver lo que dice el FMI y la propuesta del MEF.
