El Comité de Asuntos Sociales de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo (SNMPE) acogió esta semana un debate en torno a qué soluciones se pueden implementar para hacer frente a los diferentes conflictos sociales que ocurren en las actividades extractivas.
Pablo O’Brien, asesor en gestión social del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), explicó que desde hace años, el Estado no tiene una respuesta clara para mantener el orden público frente a los conflictos que se desarrollan en zonas mineras en la que los ciudadanos que viven en esos lugares reclaman atención por la situación de pobreza y carencias en las que viven. “Hay altas expectativas que, además, se han disparado con el [cambio de Gobierno], que ha impulsado estas demandas y [cuyos gestores] ahora tienen serias dificultades para manejarlas o detenerlas”, aseguró.
El experto ha identificado que las principales demandas en torno a los conflictos tienen que ver principalmente con tres aspectos: una demanda de mayores aportes de las empresas mineras al desarrollo comunal, local e incluso regional, lo que se traduce en exigencia de más canon, regalías, firmas de convenios marco o creación de fondos de desarrollo que son exigidos por dirigentes y asesores externos; el reclamo de distritos y comunidades por ser considerados en el área de influencia directa pese a que técnicamente no se ha determinado que haya impactos en esos lugares; y, reclamos por vulneración de derechos, como no ser considerados dentro de los procesos de consulta previa. Además de otros temas, como el temor de ser afectados por posibles impactos ambientales, perder fuentes de ingresos y la falsa competencia con otras actividades como la agricultura, por ejemplo.
Para O’Brien los conflictos también se generan debido a que, desde la política pública como desde las actividades de relacionamiento social de las empresas, se han introducido mecanismos de búsqueda de rentas que vienen fomentando la conflictividad. Hoy comunidades y distritos gozan de una serie de privilegios que son negociados directamente con las empresas (convenios marco y fondos sociales) y por el Estado (ingresos especiales por ser zonas mineras: canon, regalías y un esquema de priorización a través de planes de inversión o desarrollo y entrega de recursos extraordinarios a municipios). Los conflictos se producen por que se reclama que estos fondos o contribuciones cada vez sean mayores (rent seeking behavior).
“Esta situación genera un esquema de confrontación iniciado por las autoridades locales y dirigentes, para causar una crisis de conflictividad [y] pasar luego a negociaciones donde se acuerdan mayores recursos. Tras esto se pasa a un tiempo de paz social hasta que se ejecutan proyectos donde se vuelve iniciar un nuevo proceso de confrontación y una crisis. Este esquema, se crea en las zonas mineras principalmente cuando el potencial productivo de las mismas es muy escaso. [En la respuesta del Estado a los conflictos] no hay una condena a los hechos de violencia. El diagnóstico es: ‘la inversión es la culpable’, ‘los reclamos son justos y las empresas son las causantes del enojo’, ‘la violencia está justificada por el derecho a la protesta’”. expresó el asesor del MINEM.
En opinión de O’Brien, lo que se vive en el país es una crisis de gobernabilidad severa, en la que se valida la violencia con el pretexto de promover el diálogo. “Estamos cayendo en manos de extremistas y gente que no quiere dialogar, sino imponer sus condiciones. Y desde el Estado se termina cediendo”, aseveró.
Finalmente, apuntó que se debe prestar atención a la formación educativa de las zonas rurales en las que se desarrolla la actividad minera, pues se podría estar inculcando un discurso ideológico en contra de la inversión y de las empresas.
Legitimidad de la impunidad
Marisol Pérez–Tello, exministra de Justicia y excongresista, explicó a su turno que el principal problema del Estado peruano para abordar los conflictos sociales es la impunidad.
La experta señaló que nadie, en ningún lugar del mundo, puede legitimar una acción violenta independientemente de cuál sea la razón que la explica. “Una acción violenta es un delito y se acabó”, dijo. “Los Estados tienen que intervenir y concentrar el poder en dos cosas: capacidad coercitiva para hacer cumplir la Ley y capacidad recaudadora. En el Perú las dos cosas han fallado”, aseguró.
Para Pérez–Tello en nuestro país no hay seguridad jurídica, entendida como la certeza razonable de cuál será la conducta pública de los poderes del Estado. “La violencia en el Perú se ha legitimado no en las normas, sino en la actitud de las autoridades estatales, lo que es más grave. Nadie denuncia al funcionario que avala que la Ley no se cumpla”, agregó.
Otros problemas que rodean la conflictividad en la actividad minera, apunta Pérez–Tello, son la recaudación de tributos y su uso por parte de las autoridades, que va de la mano con una actitud de cargar a las empresas mineras con responsabilidades que no les corresponden.
Modelo agotado
Dante Vera Miller, de V&C Analistas y exasesor del Ministerio del Interior (MININTER), aseguró que se ha agotado un modo de relacionamiento entre el Estado, las empresas y las comunidades. “Hay que revisar críticamente el rol que vienen jugando las empresas [en los conflictos sociales]”, aseguró.
“Tenemos un problema de estructura, pero lo particular de este Gobierno es que ha empezado con respaldo negativo a su gestión y ha asumido el papel de catalizador de las protestas que hay en el país. Es decir, se pone del lado de las protestas y con su discurso genera un impacto de contagio en diversas regiones”, explicó.
Para Vera Miller también se ha agotado el modelo de mesas de diálogo, pues se ve seriamente afectado por la debilidad institucional y el cambio constante de ministros y funcionarios. “Hay que solucionar esta actitud de bombero en el que solo se resuelve el bloqueo, pero no se soluciona el problema estructural ni se comprende lo que hay detrás de él”, precisó.
El también exasesor del MINEM destacó que el sector minero energético ha reaccionado con unidad frente a esta manera de actuar del Gobierno, pero también debe hacerlo en las regiones. Por ello, pidió crear comités de estudio para entender las demandas de las comunidades, determinar hasta qué punto se pueden cambiar los temas en agenda y recuperar el debate ideológico.
Vera Miller propuso, además, la creación de una entidad independiente que verifique que se cumplan los compromisos asumidos en los acuerdos, pues son fuente de conflictividad.
Finalmente, recomendó se instalen comisarías en las zonas de influencia para no tener la necesidad de tener convenios con la PNP. “Hay que hacer inteligencia para encontrar a los que practican violencia que no es espontánea”, apuntó.