Dante Pesce, ex presidente del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) participó del curso taller Gestión de riesgos en Derechos Humanos en el sector minero energético, dictado por la SNMPE, en el que explicó la importancia de la debida diligencia en este tema, pues es “una forma efectiva de ganar la confianza y mantener la legitimidad [de los proyectos]”.
“Nosotros necesitamos, como humanidad, a la minería, necesitamos energía, no podemos vivir sin una ni otra. Por lo tanto, necesitamos minería y energía viable, sostenible y para eso tiene que ser legítima. Esa legitimidad la puede proporcionar la debida diligencia”, explicó.
Cuando uno logra “hacer un ejercicio de debida diligencia, incluye el diálogo, incluye escuchar”, comentó. Este proceso es una “tendencia global” en las empresas con enfoque de derechos humanos y está tomando mucha relevancia en Europa, pero también en otros países mineros como Canadá, Australia y Estados Unidos.
“Lo que hemos visto en los últimos años es un cambio desde la debida diligencia. [Se consideraba] una actividad de carácter voluntario y hoy día se tiende a consolidar como una actividad con tendencia a la obligatoriedad. [Se está haciendo obligatoria] por condiciones de mercado y lo que estamos viendo es un gran impulso desde el lado de los inversionistas, que están incorporando en sus criterios de inversión las variables ambientales de derechos humanos y de gobierno corporativo”, precisó.
El ex presidente del Grupo de Trabajo de Empresas y derechos humanos de Naciones Unidas explicó que la frecuencia de la debida diligencia se da de acuerdo con la pertinencia del caso. Las empresas, explicó, deben buscar claridad en los impactos de los proyectos minero-energéticos y entenderlos. No obstante, precisó que este enfoque debe estar presente en cada fase del proyecto, desde la preinversión hasta el cierre del proyecto. “Cada fase tiene impactos distintos y estos se tienen que reconocer y actuar preventivamente frente a ellos”, aseveró.
Finalmente, Pesce explicó que, en el caso peruano la debida diligencia ya es mencionada en el Plan Nacional de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos, pero no ha sido planteada de forma obligatoria, aunque cree que esto se podría dar en futuras versiones de este plan.
