Si en esta columna hemos sido críticos con las señales y acciones que desalientan la inversión privada, el verdadero motor de una economía social de mercado, abierta al mundo y que se preocupa por un real desarrollo descentralizado, ahora toca hacer un balance de los 100 primeros días de gestión del actual Gobierno.
Dos ministros en la cartera de Energía y Minas; cambios continuos de funcionarios públicos del ente rector del sector minero energético para atender presiones clientelistas; amenazas de estatización o nacionalización de un recurso tan importante como el gas natural; suspensión de actividades mineras que aportan al desarrollo; una reforma tributaria que puede hacer perder competitividad a la minería; paralización de una de las infraestructuras estratégicas del país como el Oleoducto Nor peruano como consecuencia de la toma de la Estación 5 de Petroperú; y una conflictividad social exacerbada, lamentablemente no pueden dar un balance positivo.
En estas últimas semanas solo hemos observado una mirada indiferente frente a temas importantes que se deben resolver, como la mayor atracción de inversiones privadas para mantener los niveles actuales de producción minera en los próximos años; o cómo construir un entorno facilitador que nos permita poner en valor nuestro rico potencial minero energético. Y qué decir de la necesaria simplificación de la “tramitología”, pues hoy se ahoga a quienes quieren invertir con prolongadas dilaciones para obtener permisos y autorizaciones.
En esa línea, también debemos citar la actitud zigzagueante para combatir las verdaderas causas de la conflictividad social, a través de una presencia más efectiva del Estado en zonas alejadas donde se ejecutan los proyectos. O mejoras en las capacidades de gestión para gastar con mayor eficiencia los recursos generados por la actividad minero energética. Urge pues, preservar la paz social, tan importante en cualquier nación que quiera progresar y dejar un legado a las generaciones que vienen.
Nos genera gran preocupación que no se aborden estos temas que son importantísimos para la reactivación económica y el cierre de brechas sociales; y que más bien prevalezcan acciones y/o medidas que golpean la institucionalidad, se acentué la incertidumbre y se avale la agenda disruptiva de algunos grupos violentistas.
Un país como el Perú, en el que la pobreza aumentó a 30% a causa de la pandemia global, no puede darse el lujo de paralizar su desarrollo. Hay que enmendar el rumbo.