La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) hizo un llamado urgente para que el Gobierno haga primar el Estado de Derecho frente la ola de violencia que se viene dando contra operaciones mineras y de hidrocarburos en diversas regiones del país, garantizando la seguridad de los trabajadores y la institucionalidad que resguarda el cuidado ambiental.
“Lo que hemos visto en los últimos días es una violencia inadmisible: Cientos de personas invadiendo e incendiando instalaciones, destruyendo maquinaria, robando explosivos y poniendo en riesgo la vida de miles de trabajadores”, señaló el director ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor, tras condenar el ataque al campamento de la empresa minera aurífera Apumayo en Ayacucho.
En muchas de estas acciones violentas -indicó- los manifestantes reclaman medidas restrictivas para la minería en las llamadas cabeceras de cuenca, desconociendo que estos espacios ya tienen un régimen especial de protección, dado en la Ley de Recursos Hídricos.
“Recientemente se han aprobado una serie de disposiciones para atender de manera especial la posible vulnerabilidad de estas zonas, pero sin prohibir actividades formales que cuentan con estudios ambientales autorizados. Además, en todos los casos, se trata de operaciones mineras que están permanentemente bajo el escrutinio de los organismos de fiscalización como OEFA y Osinergmin”, comentó.
En las últimas semanas -anotó- se han registrado bloqueos de vías, además de tomas de operaciones mineras y petroleras, sin que el Gobierno se haga cargo de restablecer el orden y propicie el necesario diálogo. “Vemos una intolerable vulneración del Estado de Derecho que pone en gran riesgo la vida de los trabajadores y la población, así como a la propiedad pública y privada”, añadió.
A la toma de la Estación 5 de Petroperú, que ya lleva más de 27 días ocupada ilegalmente, -indicó- se sumaron los constantes bloqueos en el Corredor Vial Sur, en la provincia de Cotabambas, que causaron importantes pérdidas de producción afectando a la industria minera nacional.
Además, -detalló- existe una permanente amenaza de toma de operaciones o de carreteras en Oyón (Lima), Chumbivilcas y Espinar en Cusco, en Aquia de la provincia de Bolognesi (Áncash), Pasco, y en Melgar (Puno), que finalmente pueden resultar en actos delictivos como los registrados en Ayacucho.
“Lo que se busca con los bloqueos y acciones de hostigamiento, es paralizar las operaciones minero energéticas, provocando un gran perjuicio a la economía regional y nacional, en momentos en que todos debemos sumar esfuerzos para lograr la reactivación productiva del país”, subrayó.
La SNMPE considera necesario que el gobierno actúe de manera inmediata para levantar los bloqueos de carreteras y asegurar el respeto al Estado de Derecho, impidiendo acciones violentas como las ocurridas en Ayacucho que atentan contra la institucionalidad y convivencia democrática.
