Por Janinne Delgado, gerente del sector Hidrocarburos de la SNMPE
En la agenda pública se ha planteado la posibilidad de renegociar contratos como los de Camisea, teniendo como referencia lo ocurrido en Bolivia.
Por tanto, es importante conocer qué fue lo que realmente ocurrió en Bolivia y cuáles fueron sus resultados, y lo más importante, establecer si, dado el contexto peruano, el aplicar este modelo sería beneficioso para nuestro país.
Las reformas legales e institucionales impulsadas en Bolivia desde la década de los noventa hasta inicios del presente milenio se vieron complementadas positivamente, como la firma de los contratos de exportación de gas natural a Brasil. La apertura a la inversión privada extranjera permitió que importantes empresas productoras establecieran actividades en Bolivia y se incrementara la inversión en exploración y explotación, transporte, almacenaje y comercialización. En este contexto, durante el 2000 y 2001, se empezó a debatir sobre el proyecto de exportación de gas natural a través de un puerto en Chile. Esta discusión devino en el rechazo al proyecto en cuestión y al reclamo por la llamada “recuperación de la propiedad de los hidrocarburos”, lo que terminó en tres hechos de importancia:
- En el 2003, con la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y la asunción de Carlos Meza.
- En el 2004 se realizó un referéndum donde se votó a favor de la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos.
- En el 2005 se aprobó la nueva ley de hidrocarburos, Ley N.° 3058, que creó un nuevo Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) equivalente al 32% de la producción bruta de hidrocarburos. Este impuesto, asociado a las regalías y participaciones del 18% vigentes hasta ese momento, generó que el Estado participe del 50% de las ventas brutas.
Los hechos antes descritos fueron capitalizados en el 2005 por Evo Morales, quien como candidato a la presidencia planteo “nacionalizar los hidrocarburos”, alegando que las reformas realizadas hasta ese momento no eran suficientes. Por ello en mayo del 2006, con Morales ya como presidente, se emitió el Decreto Supremo N.º 28701 “Héroes del Chaco” o de “Nacionalización de los Hidrocarburos”, norma que estableció una participación del 32% de la producción en favor de la empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, aplicable sólo a los mega campos gasíferos. Ello hizo que en estos casos se firmaran nuevos contratos que permitieron que la carga fiscal disminuya del 82% a niveles promedio de 65%.
En síntesis, lo que permitió a Bolivia contar con ingresos significativos fue la aprobación del IDH establecido un año antes de que Evo Morales asumiera la presidencia, y en menor medida la llamada “nacionalización de los hidrocarburos”. El IDH hizo posible al Estado Boliviano participar en las rentas extraordinarias que generó el sector como resultado del contrato de exportación con el Brasil y el significativo crecimiento en los precios internacionales del petróleo, que redundaron en mayores ingresos por la exportación del gas natural boliviano.
Sin embargo, este modelo sólo incentivo la explotación de los campos ya descubiertos, pero no se dieron medidas para promover la exploración y reponer reservas, lo que llevo a la caída significativa de las mismas.
Por ello el experto boliviano Mauricio Medinacelli, entre otros especialistas del país altiplánico, señala que si el sector hidrocarburos de Bolivia puede sostener un nivel de producción igual o mayor a 50 MM mcd hasta el año 2028, pero que luego se observará una declinación natural de los campos, que los llevaría a importar gas natural, dadas las actuales circunstancias.
Luego de esta breve descripción del modelo aplicado en Bolivia, cabe preguntarnos: ¿qué beneficios podría traer este modelo si lo replicamos en el Perú?
¿Mayores ingresos al Estado?
No, porque en Bolivia la carga fiscal es del 50% de la producción fiscalizada y para mega campos gasíferos puede llegar hasta 65%.
En nuestro país, para el consorcio Camisea la carga fiscal por explotar los yacimientos de los Lotes 88 y 56 está conformada de la siguiente manera:
- El Lote 88 cuenta con una regalía flat de 37.24% de la producción fiscalizada y, si a ello le sumamos lo que paga de impuestos, llegamos a cerca del 65% de carga fiscal.
- En el Lote 56 la regalía para el gas natural oscila entre 30% y 38% y para los líquidos de gas natural, entre 20% y 40%. En agosto último pagó 37.2% de regalías por el gas natural y 40% por los líquidos, por lo que su carga fiscal es aproximadamente del 67%.
Es decir, que la carga fiscal en el Perú es tan o más gravosa que la establecida en Bolivia. Ello ha hecho posible que Camisea pague entre impuestos y regalías los últimos 15 años (2005-2019) S/ 40,000 millones.
¿Más recursos para las zonas productoras?
Los recursos proporcionados por Camisea al Estado han sido importantes. El 50% de lo pagado por regalías y el 50% del Impuesto a la Renta han sido distribuidos de acuerdo a la Ley del Canon Gasífero en la región productora, significando más del 50% del presupuesto de la región Cusco, sin embargo no parece haberse generado mayores impactos.
El gran reto que tenemos como país es establecer los mecanismos que permitan que estos recursos que genera la industria sean destinados a elevar el bienestar de la población, a cerrar las brechas sociales. Para ello, una de las propuestas es modificar la Ley del Canon Gasífero, así como las leyes del Canon y Sobrecanon Petrólero, para fortalecer el uso y ejecución de estos recursos, además de incorporar en el esquema de distribución índices que consideren criterios socioeconómicos que permitan transferir más recursos a los distritos que poseen la mayor cantidad de brechas sociales en relación a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y la Severidad de Pobreza (FGT2).
¿Precios más baratos del gas natural para para los consumidores?
El modelo peruano es bastante exitoso dado que hace posible que el precio del gas natural que se destina al mercado local (proveniente del Lote 88), está regido por precios tope, según lo establece el propio contrato.
Este esquema garantiza que el gas natural para el consumo interno (generación eléctrica, industria, comercios y hogares) no sé vea afectado por los precios internacionales y sea barato (su precio en boca de pozo es de US$ 2 por MMBTU, en promedio). Bajo este esquema, hoy podemos tener industrias y comercios más competitivos, generación eléctrica más barata en beneficio de todos los peruanos, y hogares y vehículos que pueden acceder a energía muy barata y sostenible.
En tanto que el gas natural para consumo doméstico en Bolivia es subvencionado por el Estado, con las consecuencias negativas que ello representa para la caja fiscal todos los años, y que implica que ese dinero no pueda destinarse a necesidades prioritarias como educación y salud.
Como país la tarea que tenemos es avanzar en la masificación. Para ello, podemos apoyarnos en los recursos que ya genera la industria hidrocarburífera como el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y el Sistema de Seguridad Energético (SISE), de modo que se pueda subvencionar la construcción de redes, instalaciones internas y acometidas que permitan que este energético llegue a la mayor cantidad de hogares del Perú.
¿Incrementaría la producción o nuestras reservas?
Ya hemos visto que en Bolivia se presentaron las condiciones que incentivaron la explotación de los recursos gasíferos existentes, pero no se dieron medidas para promover la reposición de reservas, lo que generó que éstas cayeran significativamente y hoy tengan serios problemas para cumplir con sus compromisos de suministro de gas natural a Argentina y a Brasil, que son los que permiten que la producción de hidrocarburos se desarrolle, dado que el mercado interno no es atractivo para el inversionista privado, ya que los precios de venta se encuentran subsidiados. Ello implica que cuando el mercado externo comience a desparecer, las necesidades para levantar el subsidio en el mercado interno serán cada vez mayores.
En el caso del Perú, si bien la producción de gas natural se ha mantenido y nuestras reservas nos aseguran un suministro entre 25 y 30 años, en los últimos años no se propiciado que las empresas inviertan en exploración. Tenemos que generar un clima de inversión adecuado, que pasa por contar con cargas fiscales (incluye regalías, Impuesto a la Renta e impuestos especiales) competitivas, cosa que no se observa en nuestro país en el que se tienen sólo en tasa de regalías para el gas natural entre 65% y 79,8%, y para el petróleo entre 44,7% y 67,2%, pudiendo llegar en algunos casos a 89,7%. Se trata de un elemento claramente disuasivo para las inversiones.
Por ello, es de imperiosa necesidad que el Poder Ejecutivo apruebe un nuevo esquema de regalías que permita tener una carga fiscal competitiva, más aún considerando que la transición energética hacia las energía renovables se ha acelerado y el horizonte para explotar los combustibles fósiles, como el gas y el petróleo, se ha acortado significativamente.
El seguir en el status quo sin hacer nada, como ha sucedido en la última década, lo único que va a lograr es que nuestros recursos se queden enterrados y hayamos perdido la gran oportunidad de monetizarlos y generar, con ello, ingresos que nos permitan como país trabajar en obras el favor de cerrar las brechas sociales existentes.