El concepto de rentabilidad social en la actividad minera viene siendo expuesto y debatido en diferentes espacios en las últimas semanas. Y si bien desde el Gobierno se ha anunciado como una política de Estado, otros expertos sostienen que esta política ya es aplicada por las compañías extractivas en el rubro.
El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, entró en detalle sobre qué entiende el Gobierno por rentabilidad social en dos eventos recientes: Rumbo a Perumin y el webinar “Rentabilidad Social y la Minería Peruana”, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
En ambos eventos precisó que esta política tiene varias aristas, entre ellas destacó la dinamización de la economía de los territorios en donde se desarrollan los proyectos mineros, la creación de ingresos para el Estado, la generación de empleo, el desarrollo de infraestructura de libre acceso, la transferencia tecnológica, la mejor distribución del ingreso y la regeneración del medio ambiente. Para Merino, si se cumplen estos criterios, la minería traerá más beneficios al país “de manera sostenible y a largo plazo”.
El ministro detalló que en el país hay, al momento, un portafolio de 44 proyectos con una inversión global muy cercana a los US$ 50 mil millones y mencionó un proyecto relacionado a la actividad minera, que será promovido durante su gestión: la construcción de un ferrocarril entre el nodo sur andino y el puerto de Marcona, en Ica.
“Nuestra razón de ser es promover la minería, con reglas estables y claras”, aseguró Merino.
ADN empresarial
Para Magaly Bardales, presidenta del Sector Minero de la SNMPE, la rentabilidad social “ya forma parte de la actuación de las empresas mineras formales”, y que esta se aplica “durante todo el desarrollo de sus operaciones”. Así, según precisó en el webinar de la SNMPE, la rentabilidad social debe ser concebida “como una interrelación y actuación conjunta entre diferentes actores [Estado, empresa privada y población] de acuerdo con sus roles específicos”.
Asimismo, indicó que esta es una oportunidad para mejorar el uso que se le da a los recursos generados por la minería, como el canon y las regalías, a fin que sirvan para la reducción de brechas sociales en el país con énfasis en servicios básicos indispensables. “Como gremio, presentamos muchas propuestas al Gobierno y estamos a disposición para articular esfuerzos que generen un mayor valor para la gestión pública”, aseguró.
De igual manera aseveró que para la generación de rentabilidad social es muy importante la inversión, por lo que debe ponerse en valor el portafolio de proyectos mineros del país. Así, calcula que al 2025 se podrían desarrollar inversiones superiores a US$ 15 mil millones, mientras que al 2031 se podría incrementar el empleo en más del 40% en el sector, lo que repercutirá en un 30% de la población del país. También estima que ello permitiría, en los próximos diez años, incrementar el PBI en 25%, un aumento de las exportaciones en 66% e ingresos fiscales por S/ 140 mil millones.
“Estos recursos, sin duda, permitirían cerrar las brechas en educación, salud e infraestructura además de ayudar a reducir la pobreza de forma muy significativa”, afirmó.
En el mismo conversatorio, Eleonora León, exdirectora de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), señaló que debatir el concepto de rentabilidad social es importante y que es necesario hacerlo para lograr predictibilidad en las inversiones mineras, destacando el rol del MINEM para liderar la industria con un enfoque multiactor y siguiendo las mejores prácticas y estándares globales en materia minera.
“Se necesita tener los roles claros para cada actor y qué exactamente le compete a la empresa [minera], hasta dónde puede llegar, porque hay límites e intervenciones claves del Estado, que fomentan e incentivan las buenas prácticas de las empresas”, indicó.
Visión empresarial
La minería del Perú ya viene generando rentabilidad social, destacó Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, en Rumbo a Perumin. El empresario opinó que esta es una práctica habitual en muchas empresas mineras, pero que —quizás— no lo saben transmitir. “En el caso de Buenaventura, hemos llegado a la conclusión de que lo que tiene que hacer no es solamente ‘responsabilidad social empresarial’, tiene que haber ‘responsabilidad social compartida’, donde la empresa es parte del desarrollo sostenible de la región”, afirmó.
En el mismo evento, Rag Udd, presidente de BHP Minerals Americas, accionista de Antamina, también dio su visión acerca del concepto de rentabilidad social: “Me complace observar que el nuevo Gobierno peruano está pensando estratégicamente en esta área. El concepto gubernamental de rentabilidad social tiene el potencial de crear un incentivo positivo y crear asociaciones sólidas de largo plazo entre las empresas y el Estado”.
No obstante, Udd subrayó que las inversiones que se requieren en minería dependen en parte de la competitividad y estabilidad de las regiones donde participan. “Con las condiciones adecuadas —condiciones fiscales competitivas y una jurisdicción estable para apoyar la inversión a largo plazo— estas asociaciones pueden convertirse en una realidad y se pueden materializar importantes beneficios a largo plazo para todos”, aseveró.
Se trata de una promesa que, de hacerse realidad, podría impulsar al Perú a un mayor nivel de desarrollo.
