Desde el 2003, el Perú ha crecido a una tasa acumulada de 60% en su Índice de Desarrollo Humano (IDH), un cambio relevante si consideramos que este indicador se enfoca en tres dimensiones clave: la esperanza de vida, el logro educativo y la riqueza monetaria. Esta mejoría ha sido impulsada, en gran medida, por la actividad minera.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Índice de Desarrollo Humano en Áncash, la región donde opera Compañía Minera Antamina, se ha incrementado en más de 82% en los últimos 17 años.
Además, existen otros indicadores, como la Densidad Estatal, que evidencia la provisión de servicios públicos elementales como salud, educación, saneamiento, electricidad e identidad; o el Algoritmo de Desarrollo Humano (ADH), relacionado con los bienes y servicios que se necesitan para completar el ciclo de vida de una persona.
Estos indicadores, refirió Francisco Santa Cruz, coordinador de la unidad de IDH del PNUD, pueden ser empleados para que los recursos de las empresas minero energéticas se traduzcan en un mayor desarrollo de los territorios donde operan y medir su avance. Durante el 2019, más del 42% de los colaboradores de Antamina provenía de Áncash y sus compras en la región ascendieron a más de US$ 48 millones. Además, sus inversiones permitieron mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud y educación en su área de influencia.
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2003 | 2019 | Δ |
| Ancash (Region) | 0.283 | 0.516 | 82% |
| Huari (Provincia) | 0.262 | 0.424 | 62% |
| San Marcos (Distrito) | 0.269 | 0.546 | 103% |
El reto minero
Sin embargo, a nivel nacional, la mejora en el IDH se ha concentrado principalmente en la costa del Perú, particularmente en Lima Metropolitana y otros grandes centros urbanos. “La sierra norte y amplios territorios de la Amazonía, a pesar de los avances, aún se encuentran entre las zonas más afectadas por la falta de oportunidades de desarrollo”, explica el estudio El Reto de la Igualdad, del PNUD.
El estudio analiza también el Índice de Densidad del Estado (IDE) para explicar la presencia efectiva del Estado a lo largo del territorio nacional e identifica que las 20 provincias con el IDE más bajo son todas de sierra y selva. Naciones Unidas confirma que existe una correlación positiva entre el IDE y el IDH, es decir, a más presencia de Estado, mejor desempeño en el desarrollo humano.
Es sabido que, pese a contarse con recursos en los distritos con actividad minero- energética, no necesariamente se logran traducir los mismos en una mejora inmediata en la calidad de vida. Por eso, el sector minero energético —dada su gran influencia en el desarrollo socioeconómico peruano— enfrenta un gran reto: reducir las brechas sociales en sus zonas de influencia como parte de una conducta empresarial responsable. Entonces, para reducir esas brechas, las empresas se convierten en catalizadores y articuladores para impulsar la presencia del Estado en el cumplimiento de su rol, además de colaborar con el fortalecimiento de la gestión local.
¿Cómo hacerlo? Gabriela Elgegren, oficial del programa de Prosperidad y Reducción de la Pobreza del PNUD, explicó que se puede usar como punto de partida la información de los IDH distritales, provinciales y departamentales para el periodo 2003-2019 y así conocer sus condiciones socioeconómicas. De este modo, se pueden elaborar programas que apunten a mejorar estos indicadores o a priorizar las iniciativas. Una opción para un trabajo programático y colaborativo público-privado es el mecanismo de obras por impuestos. Antamina, utilizando este mecanismo, ha logrado un portafolio de inversión de más de S/ 1,000 millones en favor de su área de influencia, habiendo ya ejecutado alrededor de S/ 380 millones.
Una necesidad para este tipo de iniciativas es incluir datos de centros poblados, que muchas veces son la unidad de análisis principal de los proyectos sociales. En ese sentido, tendría que haber una solicitud especial al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para que comience a difundir información a este nivel demográfico.
Con toda esta información, señaló Elgegren, las empresas pueden establecer mejores políticas y proyectos como parte de la inversión social que realizan en sus áreas de influencia operativa.