En el marco del XV SIMPOSIO Internacional de Minería —organizado por la SNMPE—, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, presentó y analizó las acciones que llevan a cabo seis países sudamericanos (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) contra la minería ilegal, principalmente de oro y las cifras para el Perú no son alentadoras.
La exportación de oro ilegal en el Perú ha seguido al crecimiento del precio de este mineral. Durante el periodo 2005-2023, el volumen exportado se multiplicó siete veces y alcanzó las 77 toneladas el año pasado.
Casi la mitad del oro exportado por los países analizados proviene del Perú, siendo los principales destinos las economías de Asia y Norteamérica. Además, la minería ilegal está muy vinculada con el crimen organizado transnacional y delitos como la trata de personas, contrabando y extorsión.
Impacto ambiental
La minería de oro artesanal —informal o ilegal— genera casi el 40% de las emisiones globales de mercurio y en los últimos años, ha deforestado más de 120 mil hectáreas en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador.
Asimismo, la presencia de redes criminales facilita el contrabando de insumos clave para la minería ilegal. En el Perú, se ha identificado el ingreso de mercurio de contrabando desde Bolivia, donde los controles a su importación son menos rigurosos.
Países como el Perú y Colombia han implementado sin éxito procesos de formalización de mineros artesanales. Por su parte, Brasil y Bolivia han abordado este aspecto mediante legislaciones más flexibles y permisivas.
En conclusión, las políticas de formalización no han funcionado por la ausencia de una política integral y articulada, la presencia de organizaciones criminales y grupos armados, además de la falta de supervisión y asistencia técnica efectiva.
Finalmente, los países analizados no exhiben mecanismos claros de trazabilidad en la cadena de oro, más allá de intentos insuficientes de control y registro de comercialización. Por ello, se recomienda tomar acciones de interdicción permanentes, coordinadas y estratégicas, con énfasis en un mayor trabajo de inteligencia, así como establecer políticas de formalización con plazos estrictos, sin excepciones a la regla y una política de trazabilidad integral de toda la cadena de suministro del oro.
