La reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 vuelve a poner en evidencia las limitaciones de un proceso que, lejos de cumplir su objetivo original, ha terminado prolongándose sin resultados concretos. Así lo advirtió Gustavo De Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en una columna para el diario La República.
“El proceso de formalización minera no está dando resultados”, sostuvo De Vinatea, al recordar que el Reinfo fue concebido como un mecanismo estrictamente temporal, pero que “a fuerza de prórrogas, se ha convertido en un sistema que normaliza la informalidad y debilita la institucionalidad”.
Desde el IIMP, De Vinatea subrayó que la formalización minera no puede sostenerse únicamente sobre ampliaciones, sino que necesita de otros aspectos. “La formalización minera requiere reglas claras, procedimientos verificables y plazos definidos. También exige recuperar el principio de autoridad del Estado y asegurar que las normas se cumplan”, enfatizó.
En esa línea, advirtió que la falta de exigencia termina afectando a quienes sí apuestan por la legalidad. “Sin ello, se termina desincentivando al minero formal y premiando a quienes no demuestran voluntad real de cumplir con la ley”, señaló.
El gerente del IIMP planteó que los esfuerzos del Estado deben reorientarse. “El esfuerzo del Estado debe enfocarse en proteger al formal y brindarle herramientas reales para desarrollarse de manera sostenible”, indicó.
Ley Mape
Como salida estructural, el gerente general del IIMP remarcó la urgencia de una nueva normativa. “El Congreso debe priorizar ahora el debate para una Ley MAPE, que promueva a la pequeña minería con criterios técnicos y de sostenibilidad, propiciando en ella el trabajo decente y el cuidado de un entorno saludable”, puntualizó.
Finalmente, hizo un llamado al Legislativo a preservar el carácter técnico de la política pública en este ámbito. “Es indispensable que desde el Legislativo se garantice la neutralidad y visión técnica en torno a estos temas”, advirtió, recordando que “la política pública no puede responder a intereses particulares ni a cálculos de corto plazo”.